El director ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, Jesús Velez, dijo el miercoles que los fondos del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales se agotaron.

‘Parte de lo que hace esta medida es buscar recursos adicionales, pensando fuera de la caja para completar aquellos proyectos del fideicomiso que se han quedado inconclusos por falta de liquidez’, dijo Vélez en la conferencia de prensa en la que se cambió la anterior Ley de Comunidades Especiales, por la nueva entidad.

‘La pasada administración usó los 101 millones de dólares que quedaban dentro del Fideicomiso en herramientas financieras que todavía no nos han dicho y no sabemos el rendimiento esperado ni cuando se esperaba ese rendimiento’, añadió.

A esos fines, se comenzó una auditoría para saber qué ocurrió con el dinero de lo que se suponía fuera un Fideicomiso Perpetuo.

‘Parte de nuestro trabajo ahora con el Banco Gubernamental de Fomento es identificar por qué un fondo perpetuo se quedó sin dinero’, expuso por su parte el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El Gobernador explicó que la entidad se encargará de proveer todos los servicios de carácter comunitario, y relacionados al tercer sector —que actualmente se ofrecen de manera desigual y desintegrada por distintas agencias gubernamentales— de una manera unificada y uniforme.

Al mismo tiempo, la ley permite ampliar el número de Juntas Comunitarias y Organizaciones Sin Fines de Lucro activas y funcionales y promueve el mejoramiento de las condiciones físicas, infraestructurales y ambientales de las comunidades desventajadas y los municipios.

También, según la ley, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, ‘tendrá la responsabilidad de analizar, atender y corregir todos los asuntos relacionados al Programa de Comunidades Especiales, incluyendo el Fideicomiso Perpetuo para Comunidades Especiales’.

‘Para ello, deberá investigar, sin que esto se entienda como una limitación, la adjudicación de proyectos, obligación y desembolso de fondos, certificaciones y todos aquellos elementos que de alguna forma u otra formaron parte de este programa. Ninguna persona o entidad pública o privada, que haya sido parte del programa o haya recibido beneficios o fondos de este podrá negarse a someter los documentos solicitados para fines de esta investigación’, reza el estatuto.

La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico deberá presentar un informe detallado con sus hallazgos y recomendaciones al gobernador y a la Asamblea Legislativa en un término no mayor de seis meses a partir de hoy.

De otro lado, se crea el Consejo Asesor para el Desarrollo de las Comunidades Especiales que será presidido por el director ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico e integrado por los siguientes miembros: el comisionado de Asuntos Municipales, el secretario del Departamento de la Vivienda, la secretaria del Departamento de la Familia, la superintendente de la Policía de Puerto Rico, el secretario del Departamento de Salud, la secretaria del Departamento de Educación, el secretario del Departamento de Recreación y Deportes, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, la presidenta de la Junta de Planificación, un alcalde afiliado a la Asociación de Alcaldes y uno de la Federación de Alcaldes.

Además, el consejo contará con cuatro residentes de las Comunidades Especiales, los cuales serán seleccionados, por el director ejecutivo, de una lista de potenciales candidatos presentada por las Comunidades Especiales y con tres representantes del tercer sector designados por el gobernador.