El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Jorge Navarro Suárez, anunció la presentación de una querella ante las autoridades federales y el Procurador de Personas con Impedimentos, Frank Perez, por el uso anticipado de vagones móviles como centros de votación durante las elecciones del 8 de noviembre, por no reunir estos las condiciones mínimas exigidas por la ley federal.

Según el representante, ante el cierre de la Escuela Felisa Rincón, la cual ha sido utilizada en la unidad 1 del Precinto 5 de San Juan desde hace varios eventos electorales, la Comisión Estatal de Elecciones autorizó el centro de votación propuesto por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, consistente en dos vagones y una carpa a ser ubicada en el centro comunal del Barrio Canejas.

La querella del legislador fue dirigida al jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, la procuradora general de Estados Unidos, Loretta Lynch, y la jefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, entre otros.

‘La ley federal ADA, así como el Reglamento de la Comisión, es clara en que los centros de votación deberán tener energía eléctrica, baños y cumplir con criterios mínimos de accesibilidad para las personas con impedimentos, incluyendo rampas y estacionamientos para personas con impedimentos. Estos vagones no cuentan en forma alguna con estos requisitos, lo que será altamente incomodo e impedirá el acceso al centro de votación por parte de nuestros ciudadanos con impedimentos’, expresó.

El representante por el distrito 5, que incluye San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo, añadió que ‘el uso de vagones móviles en nuestra elección no sólo es ilegal, sino constituye un discrimen directo hacia nuestra población con impedimentos’.

Navarro Suárez enfatizó que, tan reciente como el 5 de agosto de 2016, la propia presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García, le comunicó a las comisiones locales mediante comunicación escrita que los centros de votación tienen que contar con energía eléctrica, agua y servicios sanitarios. De igual forma, la funcionaria manifestó que el uso de unidades móviles como colegios de votación no sería favorecido por la CEE.

‘Hacemos un llamado al Procurador de personas con Impedimentos para que cumpla con su deber ministerial y proteja a nuestra población con impedimentos, ya sea mediante intervención directa con la Comisión o mediante la presentación de las acciones legales correspondientes. Su inacción en este importante asunto es inaceptable’, puntualizó.

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