Una fiscal federal en Puerto Rico que ganó una demanda de discrimen, luego de ser despedida por razones injustificadas, radicó el pasado miercoles otro pleito que detalla un patrón de represalias que aparentemente ha sufrido desde que fue reinstalada en su oficina.

El nuevo pleito se radicó contra la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, en su carácter oficial por su responsabilidad vicaria con algunos de los supervisores de la demandante.

La demandante, Carmen Márquez Marín, solicita una indemnización de $300,000, entre otras compensaciones, por un aparente patrón de discrimen por sus condiciones de salud y por recibir represalias por el primer pleito que radicó contra su antiguo jefe, el fiscal Humberto García. Algunos de los alegatos giran en torno a las actuaciones de la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, y otros supervisores de la oficina, como los fiscales José Capó Iriarte y José Ruiz, jefe de la división criminal.

La funcionaria, quien comenzó a trabajar en la Oficina de la Fiscalía Federal en el 2001, fue despedida en agosto de 2004 luego de hacer unas denuncias por discriminación por sexo y ascendencia ante la Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEO).

La demandante recobró su antigua posición en marzo de 2008 luego que un jurado fallara a su favor al determinar que la fiscal había sido víctima de represalias que violentaban las leyes que protegen a los trabajadores.

‘La evidencia reflejó que Rodríguez participó personalmente de los ataques que se tomaron contra Márquez, incluyendo la decisión de despedirla e incluir en su carta de despido alegatos que eran evidentemente falsos’, lee una parte de la demanda.

Cabe destacar, además, que el caso pudo haber establecido un precedente al tratarse del ‘primer empleado en la historia de la Oficina de la Fiscalía Federal de Estados Unidos en ser reinstalado a su posición luego de alegar y probar el haber sido sujeto a una represalia ilegal’.

Pero, según se detalla en pleito, la fiscal enfrentó numerosos vicisitudes y desde que un juez federal, Steven McAuliffe, del Distrito de Nuevo Hampshire, ordenara su regreso a la Oficina de la Fiscalía Federal.

La demandante radicó una moción para encontrar al Gobierno federal en desacato de la orden del tribunal luego que fuese sujeta a una investigación que se extendió por cinco meses. También tuvo que solicitar el dinero que no cobró desde el fallo que se emitió a su favor.

‘Desde que se reincorporó en su oficina, Márquez ha sido sujeta a un trato desigual y represalias por parte de la directora interina de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, y sus asesores y asociados más cercanos. Las represalias se intensificaron durante los pasados años luego que Márquez sufrió de varias condiciones de salud que requirieron tratamiento…La gerencia de la oficina también discriminó contra Márquez por sus condiciones de su salud y sus obligaciones de madre’, lee el pleito.

La demanda señala otros malos tratos que sufrió la demandante. Por ejemplo, la demandante alega que fue asignada a un caso de pena de muerte, a pesar de reglamentos que protegen a funcionarios que, como ella, se han expresado en contra del castigo; y haber sido asignada un caso en que se había recopilado ‘poca evidencia’ al momento de radicarse la acusación.

Se alega, entre otros asuntos, que el patrón empeoró cuando la fiscal fue nombrada como testigo en el caso que otro empleado llevaba ante la EEO. ‘La demandante fue llamada por la oficina de José Ruiz…Se le entregó una amonestación en que se le acusó de violentar la ‘misión’ de la oficina al participar en chismes inadecuados’.

Demanda por represalias en fiscalía federal – NotiCel_18585