El director de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ricardo Rivera, se reunirá este próximo martes con el presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Jorge Márquez Perez, en la que intentará llegar a un consenso en torno a la exigencia del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de que le remitan los $28 millones proveniente de las aportaciones municipales que tienen bajo su custodia.

En entrevista con NotiCel, Rivera indicó que para la reunión con el también Alcalde de Maunabo lo acompañará la directora de Finanzas de la ASES, Carmen Figueroa.

Destacó que en la reunión del pasado miércoles la Junta de Directores de la ASES le delegó que buscara una reunión con el CRIM ante de asumir una postura en torno a la carta cursada por el BGF. Su expectativa es dialogar con Márquez Pérez para ver cuáles son las opciones.

Cuestionado si la ASES le va a presentar algún plan de pago para tramitar el desembolso de los fondos, Rivera manifestó que ‘primero vamos a ver la posición de ellos sobre la condición del Banco y que alternativas ellos dan. Y de ahí empezamos a ver’.

De hecho, dijo que a los municipios también les conviene que se salde la deuda con los proveedores porque mientras el problema persista esto a la larga se traduce en menos ingresos por concepto de patentes municipales y menos prestación de servicios para la ciudadanía. Ante esto, se mantuvo optimista de lograr llegar a un acuerdo con el CRIM.

Al momento, la Junta de Directores de la ASES no pautó una próxima reunión, pues todo dependerá del resultado del cónclave entre Rivera y Márquez Pérez.

Mientras tanto, sostuvo que el agente fiscal general del BGF, Ángel Vega, se comprometió a correr nuevamente los modelos de pago a las entidades que manejan las regiones de Mi Salud, luego del abono de $44.3 millones que hicieron el pasado martes a la deuda que mantienen con los proveedores por los contratos que vencieron el pasado marzo. De acuerdo al funcionario, con este abono la deuda actualmente asciende a unos $156 millones.

En un parte de prensa emitido el miércoles Rivera indicó que ‘el remanente pendiente de pago de $156 millones se divide en alrededor de: $94 millones en reclamaciones por servicios médicos, $22 millones en reclamaciones de farmacias y $40 millones correspondiente a pagos administrativos a Triple-S y APS’.

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