La propuesta establece que las ofertas serían prospectivas y condicionadas: no constituirían un nombramiento automático ni permitirían ejercer funciones oficiales hasta que el candidato complete su entrenamiento
Instituto de Ciencias Forenses. (Archivo)
La Cámara de Representantes ha incluido en su calendario de hoy el Proyecto de la Cámara 1380, que autorizaría al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) un mecanismo de reclutamiento prospectivo para extender ofertas de empleo condicionadas a médicos que se encuentren en su último año de entrenamiento en Patología Forense una disciplina de difícil reclutamiento.
Se trata de un proyecto de administración y el ICF lo favorece.
La iniciativa, según se indica en un comunicado del ICF, responde a la escasez de patólogos forenses en Puerto Rico y Estados Unidos, y permitiría al ICF competir en igualdad de condiciones con otras jurisdicciones que reclutan a estos especialistas antes de que culminen su entrenamiento. El mecanismo ayudaría a identificar y asegurar talento con anticipación para cubrir puestos esenciales, reducir el riesgo de vacantes prolongadas y sostener la continuidad de los servicios medicolegales.
“Esta enmienda es urgente porque el reclutamiento de patólogos forenses ocurre en un mercado altamente competitivo. Cuando esperamos a que un médico termine su entrenamiento para iniciar el proceso, otras jurisdicciones ya le han presentado ofertas. El proyecto nos daría una herramienta responsable para acercarnos a esos profesionales a tiempo y competir por el talento que Puerto Rico necesita”, expresó la directora ejecutiva del ICF, doctora María Conte Miller.
La directora ejecutiva del ICF se reunió la pasada semana con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez para discutir la medida.
El P. de la C. 1380 enmendaría la Ley 135-2020, conocida como la Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. La propuesta establece que las ofertas serían prospectivas y condicionadas: no constituirían un nombramiento automático ni permitirían ejercer funciones oficiales hasta que el candidato complete su entrenamiento y cumpla con todos los requisitos legales, académicos, profesionales y administrativos.
Además, la medida preserva los principios de mérito, igualdad de oportunidades, competencia profesional y transparencia. Todo nombramiento quedaría sujeto a las licencias, certificaciones, credenciales, verificaciones de antecedentes y autorizaciones correspondientes, así como a la disponibilidad y consignación de los recursos presupuestarios.
“El relevo generacional no puede comenzar cuando ya se ha producido una vacante. Debemos planificarlo con anticipación para que los nuevos especialistas puedan incorporarse y recibir la transferencia de conocimiento de nuestros profesionales de mayor experiencia. Enmendar la ley ahora, permitirá dotar al ICF del relevo generacional necesario para garantizar una operación normal y estable en el futuro”, sostuvo Conte Miller.
La directora ejecutiva destacó que contar con una plantilla suficiente de patólogos forenses es indispensable para realizar autopsias, determinar la causa y manera de muerte, completar informes periciales y responder oportunamente al sistema de justicia y a las familias. También contribuye a manejar adecuadamente la carga de trabajo y a proteger los estándares profesionales y de acreditación de la División de Investigación Medicolegal del ICF (Patología).
El proyecto dispone que el ICF deberá documentar la necesidad de las especialidades declaradas de difícil reclutamiento, mantener un registro de las ofertas condicionadas e informar de forma agregada a la Asamblea Legislativa sobre la utilización del mecanismo. Asimismo, ordena aprobar o enmendar la reglamentación necesaria dentro de los 90 días siguientes a la aprobación de la ley.
“Agradezco a la gobernadora Jenniffer González Colón por impulsar esta iniciativa y reconocer la necesidad de fortalecer al ICF con recursos humanos especializados. Favorecemos su aprobación porque atiende una necesidad operacional real con salvaguardas claras. No elimina requisitos ni garantiza nombramientos: nos permite planificar, reclutar con anticipación y preservar la capacidad pericial que Puerto Rico necesita. Solicitamos a la Asamblea Legislativa a considerar esta enmienda con la prioridad que requiere la continuidad de los servicios forenses”, concluyó Conte Miller.
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