El secretario del Departamento de Justicia, Cesar Miranda, aclaró que la Orden Ejecutiva emitida por el gobernador Alejandro García Padilla sobre el procesamiento de casos por posesión de marihuana, se aplicará de forma prospectiva, por lo que no tendría efecto sobre convictos actuales.

En entrevista con NotiCel, indicó que la orden no puede cubrir casos como el de Jeremy Ruiz Tomassini, porque fue acusado de violar el articulo 411a de la Ley de Sustancias Controladas, que prohíbe que se introduzca, distribuya, dispense, administre, posea o transporte droga dentro de una escuela o parque.

Por otra parte, Miranda, manifestó que no prevé que la Orden Ejecutiva cree algún escollo con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) o con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), al momento de su implementación.

En ese sentido, recordó que el Departamento de Justicia Federal emitió un memorando en el 2013 que impartió instrucciones a los fiscales federales sobre las circunstancias en las que se debe intervenir criminal o civilmente en contra de un ciudadano por el uso de marihuana. En ese entonces se estableció que en los estados donde esté permitido el uso de la marihuanano se intervendría con los ciudadanos a menos que vaya en contra de las ocho prioridades de la agencia. Entre las prioridades está prevenir la distribución de marihuana a menores; prevenir que las ganancias por la venta de marihuana vayan dirigida a bandas criminales, padillas y carteles; prevenir que se desvíe marihuana desde un estado que tenga legalizado su uso a otros estados; prevenir el tráfico ilegal o actividades ilegales mediante la autorización del manejo de marihuana; prevenir el uso de la violencia y el manejo de armas en el cultivo y distribución de la marihuana, y prevenir que se conduzca drogado un vehículo de motor.

Abordado sobre el hecho de que la ‘$1.1 trillion spending bill’firmada por el presidente Barack Obama no incluye a Puerto Rico, Miranda, insistió que no debe haber problemas con las autoridades federales porque la orden del Primer Mandatario contempla los ocho puntos esbozados por el Departamento de Justicia Federal. A través del ‘$1.1 trillion spending bill’se limita la intervención que puede hacer el Departamento de Justicia Federal en los estados donde se permita el uso de la marihuana para fines medicinales.

De paso, enfatizó que ‘la posesión de marihuana sigue siendo un delito. Aquí lo que se está determinando es que se le dé prioridad mínima en el procesamiento de los casos (por la posesión de 6 gramos o menos de marihuana)’.

Según Miranda, la Orden lo que hace es formalizar una práctica que se ha venido dando hace algún tiempo de dar cierta flexibilidad en este tipo de caso, primordialmente para los primeros ofensores.

Por otra parte, sostuvo que en el caso de los primeros ofensores se seguirán los mismos protocolos vigentes para referirlos a los programas de rehabilitación.

Mientras, la agencia iniciará el proceso para diseñar la Orden Administrativa con las directrices a impartir a los fiscales.

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