La discusión en el Tribunal Supremo de los cambios en el Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) despertó otras controversias, ataques y hasta retos entre los miembros del Alto Foro.

El detonante de la discusión más álgida fue el que se mantuviera en el reglamento del PEJC la disposición de que los exjueces del Tribunal Supremo están exentos de cumplir con los requisitos del programa de por vida.

La decisión cubre hoy a los exjueces Miriam Naveira Merly, Rafael Alonso Alonso, Peter Ortiz Gustafson, Ángel Martín Taboas, Francisco Rebollo López, Antonio Negrón García, Baltasar Corrada del Río, José Andreu García, y Federico Hernández Denton.

La única defensa de la exclusión la ofreció el juez Rafael Martínez Torres, quien dijo que los encargados de los sistemas de información habían certificado que costaba $11,340 hacer el cambio necesario en el ‘software’ por lo cual, dijo el juez, se trata de un gasto que ‘no puede ser prioridad’ en tiempos de crisis económica.

Pero los intercambios más punzantes se los reservaron las jueza Mildred Pabón Charneco y Maite Oronoz Rodríguez.

‘Mantener esa exclusión representa un acto judicial arbitrario, irracional, elitista e injusto que se reduce a la creación de una pequeña nobleza en la profesión legal de Puerto Rico… [o]bviamente, ese privilegio también lo ostentarán al momento de su retiro los compañeros que hoy lo convalidan’, dijo Pabón.

La jueza también llamó ‘duques’ a los exjueces del Supremo y repetidamente acusó a los jueces que votaron a favor de la disposición, la presidenta Liana Fiol Matta, Martínez Torres, Oronoz y Roberto Feliberti, de querer garantizarse ese privilegio cuando se vayan del foro. Pabón calculó que esa exclusión le representa un ahorro a los exjueces de por lo menos $10,000, lo cual se añade a la pensión que disfrutan y que es igual al 100% de su salario.

Pero en una opinión aparte, Oronoz le contestó criticándola por el estilo y por la sustancia de su ataque.

‘Dicha reyerta me parece una gran ficción, particularmente porque esos mismos miembros de este tribunal, en todos los años que llevan aquí, no han renunciado a sus vehículos oficiales para asuntos personales, al pago ilimitado de gasolina, ni otros beneficios los cuales sin duda se asemejan más al privilegio aristocrático y elitista que señala el voto particular’, escribió Oronoz en referencia a Pabón.

De inmediato, la jueza asociada recién nombrada indicó que, efectivo, el 30 de este mes renunciaba al vehículo oficial que se le asignó e invitó a los demás jueces asociados a hacer lo mismo.

El juez Erick Kolthoff, también en crítica a la exclusión, argumentó por su parte que la exclusión es un error particularmente porque los exjueces asociados retirados se mantienen, en algunos casos, practicando la profesión activamente, por lo que deben someterse a la educación jurídica continua.

También hubo ataques por el hecho de que la mayoría del Supremo, sin que fuera recomendado por el grupo que estudió los cambios al PEJC, determinó que, en adelante el director de dicho programa sería designado por el pleno del Supremo en vez de por quien ocupe la presidencia del foro.

Oronoz lo calificó como ‘otro intento más de la mayoría de este tribunal para ejercer la administración de la Rama Judicial, función que constitucionalmente no le corresponde’.

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Supremo enmienda reglamento de educación jurídica continua (documentos)