La portavoz de la minoría novoprogresista, Jennifer González, opinó que el gobierno se tiene que sentar a negociar con sus acreedores como parte del plan para resolver la crisis fiscal.

‘Los contratos te permiten renegociar pero tienes que tener credibilidad y el gobierno no la tiene’, opinó.

Sus comentarios la convierten en la primera de su delegación en abogar por algún tipo de negociación de deuda con los bonistas. González dijo que esa negociación no sería para reestructurar la deuda sino para renegociar algunos aspectos como evitar que se impongan sindicaturas. Varios legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) han abogado porque el gobierno se siente a negociar el pago de la deuda.

El propio gobierno está tratando de validar en los tribunales la constitucionalidad de la llamada ley de quiebra criolla, que permitiría a ciertas corporaciones públicas reestructurar su deuda a la vez que cabildea para la inclusión de la isla en la ley de quiebras federal.

En julio, el gobierno tiene que pagar sobre $600 millones al servicio de la deuda y ya algunas agencias acreditadoras como Moody’s han pronosticado que habrá un impago.

Insistió a preguntas de NotiCel que el gobierno tiene que reducir sus gastos, fomentar las alianzas público privadas, fomentar la gasificación y eliminar en vez de congelar las plazas que se dejen vacantes por los empleados del gobierno para poder lidiar con la crisis fiscal.

También dijo que ya es hora de que el gobierno se siente a negociar con sus acreedores al destacar que los sobre 80 impuestos aprobados por el gobierno, no podrán mover la economía.

‘Hay ofertas hechas al gobierno pero tienes que sentarte a negociar’, dijo González al señalar la oferta que hicieron los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a esa corporación pública.

Por otro lado, González dijo que las compañías afectadas por el impuesto al transfer pricing, un tributo que va de un 2% a 6% a firmas que tienen un volumen de negocios de $500 millones o más, podrían demandar a Puerto Rico por violación a la cláusula de comercio interestatal ya que existe jurisprudencia al respecto.

La semana pasada el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucional parte del Código de Rentas Internas del estado de Maryland al destacar que el estado no puede obligar a los residentes a pagar impuestos sobre sus ingresos sin tomarse consideración lo que pagan en impuestos por ingreso en otros estados, dijo González.

El Tribunal llegó a la conclusión de que el impuesto violaba la cláusula de comercio interestatal ya que se imponía a los residentes y a los no residentes de Maryland y no se le daba a los residentes del estado un crédito por impuestos pagados a otras jurisdicciones.

‘Esa demanda la pueden radicar las compañías afectadas’, dijo.