La expresidenta cameral Jenniffer González Colón advirtió el jueves que la ley de reestructuración de corporaciones terminará en los tribunales por sus vicios inconstitucionales, pues según dijo, es un reflejo más de la improvisación de la administración de turno.

‘Esta quiebra que ha radicado el gobierno para las corporaciones públicas es otra muestra de la improvisación en términos del manejo de la situación económica y la falta de un plan de desarrollo para el pueblo de Puerto Rico en los últimos 18 meses. Nos preocupa que estas 294 páginas de un proyecto que se aprueba en el último día de sesión va a ser impugnado en los tribunales. Nosotros entendemos que existen elementos como el Dolo, donde se ha engañado, se le oculto información no solo a los inversionistas sino que se hicieron representaciones falsas a sabiendas de que estaban trabajando una reestructuración cuando lo negaron a los inversionistas y bonistas en el mes de marzo y abril’, dijo González en un comunicado de prensa.

‘Qué más le vamos a permitir a este gobierno cuando aquí hubo un engaño como parte de esta transacción hacia aquellos que invirtieron. Además, entendemos que este proyecto contiene un menoscabo a las obligaciones contractuales que se hayan incluido hacia los inversionistas locales y obviamente de la Ciudad de Nueva York que trasciende este proyecto y que evidentemente tendrían derecho a reclamar por esas obligaciones que ahora se pretenden violentar’, destacó.

Asimismo, González Colón dijo que la iniciativa es inconstitucional de su faz porque es vago y no se hacen expresiones específicas de enmienda o derogaciones de leyes. ‘Pretenden incluir unas cláusulas de supremacía para violentar los acuerdos ya contenidos. Este proyecto a nuestro juicio adolece obviamente de los requisitos constitucionales para poderse validar en los tribunales locales’, indicó.

‘El gobierno de Puerto Rico está quedando sin palabra ante el mundo. Aquí vemos cuando dos o varias personas se obligan a cumplir con determinadas condiciones mediante un contrato y surge un incumplimiento, la acción más común es el reclamo de compensaciones de los daños sufridos a la parte que incumplió con su obligación’, añadió.

Detalló que no solo la persona o empresa que es parte del contrato incumplido podría responder civilmente en un tribunal por dicho incumplimiento. Una persona o empresa que no figura como parte en el contrato incumplido, pero que intervino para que una de las partes incumpliera con su obligación también podría ser responsable por lo anterior. Esta situación es lo que se conoce como la ‘interferencia torticera con relaciones contractuales de terceros’ o ‘interferencias culposa de contrato’. Esta figura jurídica aplica cuando una persona o entidad interviene en una relación contractual para que una de las partes en dicho contrato incumpla con sus obligaciones.