El Municipio Autónomo de Ponce prevaleció en un caso judicial contra el Departamento de Hacienda promovido para impugnar el reglamento adoptado por esa agencia para la evaluación de los casos de Ley 212 para la Revitalización de los Centros Urbanos, informó el miercoles la alcaldesa María ‘Mayita’ Melendez.

Según la ejecutiva ponceña, en una sentencia dictada el pasado 9 de junio, el juez superior Enrique Pérez Acosta acogió los planteamientos del Municipio Autónomo de Ponce sobre la ilegalidad del Reglamento para la Concesión de Incentivos Contributivos Otorgados bajo la Ley Revitalización de los Centros Urbanos (Reglamento 7777) adoptado por el Departamento de Hacienda en noviembre de 2009.

Meléndez indicó que la determinación judicial reconoce que el Departamento de Hacienda excedió sus facultades y actuó fuera del marco legal al adoptar reglamentaciones más restrictivas de incluidas en la Ley 212.

‘A pesar de que reconocemos el poder ministerial del Departamento de Hacienda de salvaguardar la solidez del tesoro público, la nulidad de la cual sufre el reglamento (7777) es insubsanable’, indica la sentencia del juez superior Pérez Acosta al declarar nulo el reglamento aludido.

Según la alcaldesa, el juez Pérez Acosta sostuvo que procede declarar nulo el Reglamento 7777 debido a que el mismo invade la esfera reglamentaria que corresponde a los municipios o a la Directoría de Urbanismo del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP); no se circunscribe a los apartados de la Ley 212 para imponer los requisitos a partir de la certificación, para las deducciones y los créditos; impone requisitos que la Ley 212 no contempla para conceder los incentivos y modifica de manera ultra vires ciertas disposiciones de la Ley 212.

Por otra parte, la alcaldesa calificó la decisión judicial como una gran victoria para la Autonomía Municipal.

‘Iniciamos este pleito hace cuatro años, para demostrar que el Departamento de Hacienda se había excedido en sus facultades cuando aprobó el Reglamento 7777, e impuso requisitos que no exige la ley. Las posturas que históricamente el Departamento de Hacienda ha tomado en torno a los incentivos que concede la Ley 212 para la revitalización de los centros urbanos, han afectado la inyección de inversionistas locales para rehabilitar edificios y negocios en los centros urbanos. Esta es una pelea que el Municipio de Ponce ha dado solo en los tribunales, porque creemos en las mejoras que la Ley 212 promueve en los cascos urbanos. Contrario a otros incentivos contributivos, que se otorgan de entrada sin que se haya realizado inversión de dinero alguna, para los casos de Ley 212 los incentivos solo se conceden una vez se han realizado las obras de construcción o mejoras en los edificios de centros urbanos y se certifican los gastos mediante un proceso riguroso de auditoría’, dijo.

Meléndez sostuvo que la decisión judicial debe servir de base para que la Asamblea Legislativa reconozca por vía de ley que los incentivos contributivos en la ley 212 están exentos de tributación. La litigación del caso estuvo a cargo de las licenciadas Carmen Edith Torres y Edna Mercado, abogadas internas de la Oficina de Servicios Legales del Municipio.