Una auditoría de la Oficina del Contralor reveló el mal manejo de fondos federales en el Programa Head Start, proyecto que dirige el Municipio de Cayey y su alcalde, Rolando Ortiz Velázquez.

El estudio, que se llevó a cabo desde el 1 de enero 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012, presentó nueve hallazgos sobre la utilización de los fondos provenientes del gobierno federal y otorgados a través de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) del Departamento de la Familia.

El análisis del Contralor evidenció cómo empleados del Municipio disfrutaron del alojamiento en hoteles mientras disfrutaban de convenciones, actividad por la que se desembolsó sobre 17 mil dólares, a pesar que reglamentos municipales lo prohiben.

‘De junio de 2009 a octubre de 2011, el Municipio desembolsó $16,252 por gastos correspondientes al alojamiento de 30 funcionarios y empleados del Municipio y del Programa ($12,497); y por la asistencia a 3 convenciones auspiciadas por un colegio profesional ($3,755). El director de Finanzas autorizó los pagos para cubrir dichos gastos por el alojamiento en hoteles de Puerto Rico contrario a lo especificado en el Reglamento y en la Ordenanza aplicables’, reza parte de la auditoria.

‘Además, durante el mismo periodo se efectuaron pagos por $1,671 para cubrir los gastos incurridos por dos contratistas del Programa en la asistencia a convenciones ($845) y por el alojamiento ($826). En los contratos otorgados no se pactó que tendrían derecho al pago de dichos gastos, por lo que estos resultaron indebidos’, agrega el documento de 36 páginas.

De la misma forma, se presenta la falta de inventarios físicos anuales de la propiedad mueble, desaparición o hurto de propiedad que no se informaron a las agencias pertinentes ni para las cuales se efectuaron las investigaciones administrativas requeridas, y otras deficiencias relacionadas con la propiedad.

Sobre este particular, establece que ‘el encargado de la propiedad que cesó en sus funciones el 31 de agosto de 2010, no realizó ni certificó un inventario de toda la propiedad bajo su custodia y responsabilidad. Este pasó a ocupar el puesto de Subdirector del Programa a partir de septiembre de 2010’.

También indica que ‘en octubre de 2010, el Alcalde nombró a otra persona como Encargado de la Propiedad. En noviembre y diciembre de 2010, el Encargado de la Propiedad entrante realizó un inventario de la propiedad mueble que reveló el hurto o la desaparición de 426 unidades de propiedad con un valor en inventario de $137,541. Estos casos no se informaron a los secretarios de Justicia y de Hacienda ni al Contralor de Puerto Rico. Tampoco se realizaron investigaciones administrativas sobre estas desapariciones’.

La Contratación de servicios profesionales y consultivos pagados con fondos federales sin obtener propuestas, los contratos de arrendamiento con una corporación que no estaba registrada como contribuyente del CRIM, y subastas informales para la construcción de obras y mejoras permanentes en varios centros Head Start otorgadas a un licitador que no rindió la planilla de contribución sobre ingresos para el año contributivo 2008 son otros de los señalamientos presentados.

Entre las recomendaciones que ofrece la auditoría está el recobrar las cantidades otorgadas a los contratistas y que tales gestiones no se repitan.