Tres organizaciones sindicales de la Universidad de Puerto Rico pidieron a los legisladores el viernes que se enmiende el lenguaje del proyecto que busca traspasar fondos de las agencias y corporaciones públicas al Banco Gubernamental de Fomento para impedir el traspaso del fondo de retiro de la UPR al banco.

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), junto con la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (HEEND) y la Federación Laborista dijeron estar consternados por la generalidad del lenguaje de la medida.

El Proyecto del Senado 857, cuya versión en la Cámara es el 1592, fue aprobado en el Senado durante la sesión extraordinaria y las organizaciones gremiales expresaron preocupación de que se apruebe en la cámara sin vistas. La primera sesión ordinaria del 2014 empieza el lunes.

‘Hemos desarrollado una serie de enmiendas y queremos alertar a los legisladores que estamos en la mayor disposición de discutirlas’, dijo Lida Orta, presidenta de la APPU.

Orta no quiso elaborar en las alternativas.

La profesora admitió que aunque la intención legislativa de la medida es que no se toque el retiro de la UPR, el lenguaje de la misma no lo especifica.

El presidente de la HEEND José Torres, dijo que no le preocupa si el dinero que recibe por formula presupuestaria la UPR pasa por el banco pero alertó que no se deben tocar los beneficios de los empleados.

Torres dijo que también se opone a que se vendan propiedades de la UPR para tratar de capitalizar al BGF, el cual tiene un problema de liquidez que podría afectar la clasificación del gobierno de Puerto Rico. La UPR tiene una deuda de $70 millones con el banco.

‘Si venden una parcela de tierra después quieren vender la Biblioteca Lázaro o privatizar laboratorios’, dijo.

La medida del BGF es una de varias medidas fiscales para atajar el problema fiscal de la isla y evitar una degradación. Los legisladores han dicho que se proponen transferir unos $800 millones a mil millones de dólares en inversiones y depósitos al BGF.

De otra parte, James Conlan, un profesor universitario de inglés que es abogado, dijo que no descarta demandar si la medida se convierte en ley porque entiende que lo que la misma propone constituye una expropiación forzosa.

Además, destacó que la UPR respondería si algo pasa con los fondos de retiro mientras están con el BGF.

‘Esto es una expropiación forzosa y es inconstitucional’, dijo.