El Departamento de Justicia confirmó que está investigando los procesos administrativos dentro de la Comisión de Servicio Público (CSP) para la concesión de permisos de transporte escolar, como parte de una pesquisa sobre dicho mercado de transportistas por alegadas prácticas monopolísticas en sus servicios al Departamento de Educación (DE).

De hecho un reciente informe de la Oficina de la Contralora trajo a la atención irregularidades en el proceso de otorgación de contratos dentro del DE.

El licenciado Jesús Alvarado, secretario auxiliar de Asuntos Monopolísticos del DJ, confirmó que durante la pesquisa han detectado ‘conductas que pudieran ser también violaciones de la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio de Puerto Rico, en los procesos de la Comisión de Servicio Público’.

El funcionario dijo que la pesquisa del DJ estaría finalizada para principios del próximo año. Aparte, las autoridades federales también llevan a cabo una investigación sobre supuestas irregularidades en el uso de fondos federales para el otorgamiento de subastas de transporte escolar en el DE.

El DE no respondió a la petición de reacción de este diario digital.

Una fuente de este diario digital, había señalado sobre los procesos amañados que se dan dentro de la CSP en cuanto a los permisos de estos transportistas, que dan pie a la creación de monopolios regionales que impiden al DE abaratar costos al no haber una libre competencia durante los procesos de subastas.

Según la fuente, estas empresas de transporte escolar, una vez se enteran que otra empresa intenta obtener ciertos permisos de la CSP intervienen en el proceso para que se detengan las aprobaciones. Esta práctica podrían ser en violación a la Ley Procedimiento Administrativo Uniforme.

Al no obtener los permisos de la CSP las empresas solicitantes no pueden participar de las subastas ni presentar cotizaciones al DE, destacó la fuente.

En el reciente informe de la contralora Yesmín M. Valdivieso se establece que durante una auditoría realizada al DE desde julio 2008 a junio 2012, se encontraron deficiencias relacionadas con los contratos de servicios de transportistas escolares a estudiantes de educación. Entre las irregularidades están los procesos para el desembolso de pagos.

Por su parte, Alvarado fue enfático en que el foco principal de la investigación que siguen es que si dentro del mercado de transporte escolar se ha dado la práctica de ‘carteles’, que no es otra cosa que ‘más de un competidor que se ponen de acuerdo para establecer ya sea un precio, condiciones, en términos de la contratación de sus servicios, en violación a la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio de Puerto Rico’.

Según el funcionario, se está mirando si dichas empresas han violado los artículos 2 y 3 de la Ley Antimonopolios.

De confirmarse que hubo tales violaciones, el abánico de penalidades va desde un procedimiento administrativo ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), hasta 1 año de cárcel y entre $2,500 a $5,000 de multa si se trata de un individuo, o multa de entre $35,000 a $50,000, si se trata de una corporación.

Además, planteó Alvarado, el Estado podría entablar una reclamación para recuperar los daños causados.