La Asociación de Abogados presentó en el Tribunal Supremo un recurso de mandamus contra el Colegio de Abogados para que entreguen los expedientes de los miles de abogados que optaron por no colegiarse.

‘La Ley 121 de 2009 obligaba al Colegio de Abogados a entregar dichos expedientes que contienen información personal de los togados en Puerto Rico. Sin embargo, el Colegio por casi 4 años incumplió con esa Ley y ahora se escuda, irónicamente, de la Ley 4 de 2013 firmada por el gobernador, Alejandro García Padilla, para seguir actuando en contra de los derechos constitucionales de los abogados y abogadas’, dijo el presidente de la Asociación, Héctor R. Ramos en un comunicado.

El escrito presentado y firmado por el licenciado Juan A. Ramos, se ampara en el derecho de intimidad y en decisiones del Tribunal Supremo. Entre estas, se menciona la decisión del Tribunal Supremo que obligó al estado a entregar las carpetas ilegalmente realizadas para perseguir a personas asociadas al movimiento independentista en Puerto Rico.

Además, se reseñan las expresiones que hiciera este mes el juez presidente, Federico Hernández Denton, sobre la inconstitucionalidad de las leyes que pretenden regular la profesión de la abogacía porque es facultad inherente del Tribunal Supremo.

Por otro lado, Ramos indicó que ‘la Asociación de Abogados sostiene que ni la Ley 4-2013 ni cualquier otra disposición legal puede ir en contra de la Constitución de Puerto Rico. En ese sentido, una abrumadora mayoría de los abogados y abogadas optaron por no pertenecer al Colegio bajo el manto de su derecho de libertad de asociación. Los expedientes personales de los abogados y abogadas que no son parte del Colegio deben ser entregados a éstos o al Tribunal Supremo para salvaguardar el derecho de intimidad de nuestros juristas’.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación, Ramón L. Rosario, expresó que ‘la Asociación se creó para proteger los derechos de los abogados y abogadas. Es ese deber el que nos mantendrá acudiendo a los foros pertinentes para asegurar el bienestar de la clase togada en Puerto Rico’.