Un auditor interno de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) pidió a la Junta de Gobierno de la entidad que interviniera para evitar posibles acciones disciplinarias contra el luego de que su investigación concluyera que el Director Ejecutivo de la agencia violentó el reglamento de la junta y las normas de sana de administración al otorgar un contrato de publicidad de manera ilegal.

Las declaraciones del auditor interno, Luis Benítez Rodríguez, se encuentran en un ‘Comentario Especial a la Junta de Directores’ contenido en el informe de auditoría sobre un contrato otorgado de manera ilegal por el director ejecutivo, Gil A. Rodríguez Ramos, a la agencia de publicidad, MAAG Web, LLC, por la suma de $33,000.

El informe de auditoría confirmó una alegación hecha por la exdirectora de la Oficina de Servicios Legales de la agencia, Lisa Durán, en una querella contra Rodríguez Ramos luego de que este la despidiera. La querella alega que Durán fue despedida por haber hecho señalamientos de irregularidades. En el documento que NotiCel publicó en exclusiva la semana pasada, Durán también acusó a Rodríguez Ramos de ocultar información a la junta y de no obedecer sus determinaciones.

A solicitud de este medio, Rodríguez Ramos dijo que no haría comentarios sobre estas alegaciones.

Tras una reunión el miércoles pasado a la que el Director Ejecutivo no asistió, la Junta de Gobierno de la AEP se reuniría nuevamente mañana martes para escuchar a las partes y decidir si acoge las recomendaciones del auditor interno de enviar el informe a la Oficina de Ética y al Contralor.

Según información obtenida por NotiCel de una fuente dentro de la Junta, el puesto del subdirector de AEP, Iván Toledo Colón, podría estar en la cuerda floja, y Rodríguez Ramos podría ser sancionado.

Mientras tanto, fuentes alegan que Rodríguez Ramos tiene sus esperanzas puestas en una medida que cambiaría la composición de la Junta de la AEP para poder mantenerse en su puesto. La medida está en espera de bajar a votación en la Cámara de Representantes.

Benítez Rodríguez indicó que se le asignó la investigación del contrato el 10 de septiembre en carácter confidencial luego de que el presidente del Comité de Auditoría de la Junta de Directores le hiciera la solicitud a la Directora de Auditoría el 20 de agosto.

Él aceptó la encomienda luego de que la Directora de Auditoría se inhibiera de hacer la investigación y otra auditora interna fuera objeto de una querella por hacer la investigación. Destacó que hizo la investigación de conformidad con sus deberes y siguiendo normas establecidas.

‘Por lo indicado anteriormente, considero injusto que se tome cualquier acción disciplinaria y/o algún tipo de represalia contra mí como empleado, a consecuencia de los resultados de esta investigación. La preocupación que traigo antes ustedes es legítima, dado el hecho de que esta investigación se me reasignó, luego de habérsele quitado el trabajo comenzado por una compañera auditora. La compañera auditora fue objeto de una querella en su contra como consecuencia del trabajo que estaba realizando’, destacó.

Benítez Rodríguez dijo que en una reunión programada del Comité de Auditoría del 20 de septiembre de 2013, que no se celebró por falta de quorum, surgió el tema de la querella contra la auditora.

‘Al Presidente cuestionarle sobre la misma a la Directora de auditoría, comentó que la querella fue radicada por ella en la oficina de Recursos Humanos y que luego le informaría cuales fueron las razones’, dijo.

‘Considero que esta situación debe ser investigada por la Junta de Directores, ya que los auditores no deben ser limitados, intimidados o restringidos en sus funciones y deberes, cuando se trata de intervenciones donde está envuelto un empleado ejecutivo de confianza’, añadió.

El informe recomendó referir a los funcionarios responsables del contrato ilegal de publicidad a la Oficina de Servicios Legales de la Autoridad, a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

El auditor confirmó alegaciones hechas por Durán en el sentido de que luego que la agencia de publicidad hiciera unos logos para la AEP en mayo, se hizo un contrato de forma retroactiva en julio por los trabajos hechos, algo que violenta la ley.

La querella de Durán también alega que la agencia otorgó un contrato a una firma de abogados que representa a Toledo Colón en un pleito personal en el Tribunal federal. El contrato es para representar a la agencia en el foro federal a pesar de que la AEP no tiene casos en ese foro.