El gobernador Alejandro García Padilla emitió una orden ejecutiva para devolver al procedimiento ordinario las solicitudes de permisos para proyectos de energía renovable, revirtiendo la declaración de emergencia ambiental que había hecho Luis Fortuño.
La gestión del exgobernador permitía que las propuestas de proyectos fueran evaluadas expeditamente y, en la práctica, permitió que se aprobaran desarrollos en terrenos de alto valor agrícola y con una gran limitación en la participación ciudadana.
El mejor ejemplo, el controvertible proyecto de Vía Verde.
Bajo la disposición anterior, las comunidades eran notificadas de vistas públicas hasta con cinco días de anticipación. Una declaración de impacto ambiental que pudo haber tardado dos meses en estar lista, tenía que ser leída, entendida e interpretada para la presentación de comentarios por parte de los ciudadanos en cinco días.
La declaración de emergencia tenía una vigencia de seis meses, pero fue renovada en un par de ocasiones. Mientras tanto, la legislatura enmendó la ley para que aquellos proyectos que no hubiesen sido aprobados durante el período de emergencia, continuaran siendo evaluados de manera acelerada, aun bajo la presente administración.
El planificador y científico ambiental Luis Jorge Rivera Herrera evaluó la orden como ‘un paso necesario y responsable’, en primer lugar porque la emergencia declarada, según define la Ley 76-2000, no existía.
‘El que la pasada administración haya recurrido a esa estrategia, fue un eufemismo para acelerar el proceso de otorgación de permisos. Esta orden ejecutiva, ya por fin, da por terminado ese procedimiento acelerado y permite que sean evaluados de una forma prudente, ordenada, bajo el trámite ordinario’, dijo.
Rivera Herrera, de Iniciativa para un desarrollo sustentable, añadió que muchos de los proyectos fueron propuestos a la carrera ‘no tanto motivados por la necesidad de diversificar las fuentes de energía del país, sino para aprovechar los incentivos que estaba dando la agencia federal para sus desarrollos’.
La orden de García Padilla hace énfasis en que ‘las agencias encargadas de evaluar los proyectos atenderán las solicitudes pendientes con carácter prioritario, y asegurándose de impulsar que el desarrollo de todo proyecto de energía renovable y alterna no sea incompatible con la obligación de proteger nuestros terrenos agrícolas y áreas naturales sensitivas’.
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