Dejando constatado que la comunidad universitaria desea ponerle fin a la práctica de gobernar la Universidad de Puerto Rico (UPR) desde La Fortaleza y el Capitolio, el Senado Academico del Recinto de Río Piedras, se expresó oficialmente a favor de rescatar la autonomía de la institución, y en contra de aquellos estatutos y propuestas de reforma impulsados por la saliente administración del gobernador, Luis Fortuño.

El Senado, además, le hace un llamado al gobernador electo, Alejandro García Padilla, a quien le solicitaron una pronta reunión para discutir las peticiones de la comunidad universitaria en torno a la implementación de políticas institucionales dirigidas a reafirmar el carácter público y autónomo del centro docente estatal.

Las declaraciones forman parte de la Certificación Núm. 42 del Año Académico 2012-2013, y fueron plasmadas a través de un documento de Resolución aprobado el pasado 15 de noviembre.

De acuerdo al documento, la comunidad universitaria exige la derogación de la Ley Núm. 65 del 2010, por entender que ésta atenta contra el principio de autonomía y promueve mayor politización de la UPR como centro docente y de investigación.

Entre las peticiones se solicita que ‘se derogue la Ley Núm. 65 de 21 de junio de 2010, que cambió la composición de la Junta de Síndicos, al aumentar la cantidad de síndicos nombrados por el ejecutivo, de 13 a 17 miembros; y, en su lugar, se apruebe restaurar la composición de 13 miembros del organismo; y amentar la representación de la comunidad universitaria, con al menos un representante claustral y un representante estudiantil adicional para fortalecer y viabilizar la participación democrática de los universitarios en la toma de decisiones’.

Se establece claramente que la propuesta de Reforma Universitaria impulsada por un comité nombrado por Fortuño no cuenta con el aval del Senado, por ésta haber sido diseñada sin involucrar los diferentes componentes de la comunidad académica de la UPR. En ese sentido, el cuerpo rector del Recinto de Río Piedras aboga por la implementación de política pública, pero que sea implementada en consonancia con un modelo más horizontal, inclusivo y democrático.

La postura del Senado de Río Piedras contrasta con el apoyo que tanto la Rectora de dicho recinto, Ana Guadalupe, y el Presidente de la UPR, Miguel Muñoz, le han dado a las propuestas de reforma que han bajado desde la Fortaleza. En el caso de Muñoz, éste ha dicho públicamente que aspira a quedarse en su cargo bajo el nuevo gobierno, y que su intención es mantener la actual política pública universitaria, incluyendo la permanencia de la controversial cuota estudiantil de $800.

La petición de autonomía universitaria del Senado va acompañada por un reclamo para que el gobierno estatal le restaure a la UPR aquellos fondos que la institución perdió durante el actual cuatrienio político.

‘Se devuelva la estabilidad fiscal brindada mediante la fórmula presupuestaria dispuesta por la Ley de la UPR, derogando los incisos de la Ley Núm. 7 de 2009 que impactaron adversamente los ingresos universitarios, y se asignen los fondos adicionales que en el corte plazo sean necesarios’, lee la resolución.

Culmina el documento haciendo un reclamo formal para que ‘el Gobernador Electo, Hon. Alejandro García Padilla, conceda una reunión con representantes claustrales y estudiantiles electos por el Senado Académico como portavoces de estos sectores de la comunidad universitaria del Recinto de Río Piedras’.