Contrario a lo que se ha especulado en diferentes medios, Ana Cacho, sospechosa del asesinato de su hijo Lorenzo González Cacho, no sería acusada previo a las elecciones generales del próximo 6 de noviembre.

Así lo confirmó una fuente del Departamento de Justicia a NotiCel.

‘No va a ser antes de las elecciones, pero se va a radicar’, aseguró la fuente a este diario digital.

Cacho se ha mantenido en silencio y sus abogadas defensoras, Sharon González y Brenda Berríos, tampoco han ofrecido declaraciones a la prensa desde que fue señalado oficialmente como sospechoso el agente federal del Servicio de Inmigración y Aduanas, William Marrero.

Cacho y sus abogadas tampoco han emitido comentarios sobre las teorías que ubican a la madre del menor en la escena del crimen, ocurrido el 9 de marzo de 2010. Lorenzo fue asesinado en su residencia en Dorado del Mar mientras estaba al cuidado de su madre.

La radicación de cargos no se ha materializado, pese a que ya hay cuatro sospechosos señalados por el Departamento de Justicia. Además de Cacho y Marrero, también han sido declarados sospechosos Jesús Genaro Camacho y Arnaldo ‘Naldy’ Colón.

El retraso en las acusaciones, se ha debido en parte, a que un investigador estadounidense está revisando el expediente del caso en poder de la Policía, mientras que Justicia designó una fiscal para que evalúe el sumario del ministerio público.

La fiscal del caso sigue siendo Wanda Casiano, pero recientemente el fiscal general, Obdulio Meléndez, pidió a la fiscal de San Juan, Gretchen Pérez Catinchi, que evalúe el caso.

En entrevista con NotiCel a mediados de septiembre, Meléndez justificó la designación.

‘La fiscal Gretchen Pérez Catinchi se une al caso principalmente para examinar y evaluar todo el expediente, el sumario fiscal. Se trae porque es una mente nueva y fresca para que estudie, evalúe y examine a ver qué observaciones y recomendaciones puede traer ella, pero la fiscal a cargo del caso sigue siendo Wanda Casiano’, aclaró Meléndez en entrevista con este diario digital.

Meléndez defendió que el caso no se haya radicado a más de dos años de la muerte del menor.

‘Quien decide cuando el caso está listo es el ministerio público. Quien tiene la obligación y el deber ministerial de probar el caso más allá de toda duda razonable es el ministerio público y es el fiscal el que decide cuando se radican los cargos o no y eso es indelegable’, comentó sobre la supuesta negativa de Casiano a presentar acusaciones.

‘Nosotros estamos haciendo lo mismo que está haciendo la Policía, que trajo un investigador de fuera para estudiar el caso y hacer recomendaciones, y eso mismo es lo que se está haciendo en Justicia con su expediente’, destacó Meléndez.

El pasado 31 de agosto, el agente investigador Simón Rosa indicó que ‘ya nosotros estamos listos (para radicar el caso)’.

No obstante, no quiso hablar sobre la pesquisa. ‘Los detalles de quiénes estuvieron o no estuvieron allí, yo no voy a entrar en eso’, declaró Rosa a NotiCel.