La Oficina del Contralor refirió a la Oficina de Ética Gubernamental una querella jurada sobre presuntos actos de corrupción y la ilegalidad en la contratación y nombramientos de empleados en puestos de carrera en la Corporación para la Supervisión y Seguros de Cooperativas (COSSEC).

La querella juramentada fue presentada en la Contraloría el 3 de mayo por el abogado notario, William Padilla Morales, e inicialmente despachada en cuatro días (7 de mayo) por la Contraloría con una negativa a investigar las irregularidades ‘de corrupción’ denunciadas.

‘La función constitucional de la Oficina del Contralor es auditar las transacciones relacionadas con la propiedad y el uso de los fondos públicos para determinar si se han realizado de acuerdo con la ley. El asunto objeto de su querella es uno de carácter administrativo. Por tal razón, le recomendamos agotar los remedios disponibles en las entidades correspondientes’, contestó la contralora Yesmín Valdivieso en su misiva del 7 de mayo de este año rechazando investigar el asunto que conlleva la erogación de fondos públicos.

El querellante no tardó en replicar la carta de la funcionaria en la que expresó su inconformidad con la determinación y criticó la ‘estrecha interpretación’ que hizo Valdivieso sobre sus denuncias.

‘La Oficina del Contralor ha cedido, rendido y claudicado sus facultades de investigar las transacciones de nombramientos y expedientes de las oficinas de recursos humanos, entre otras. Esto traerá nefastas consecuencias legales a su Oficina’, dijo Padilla Morales en su réplica a Valdivieso.

‘A base de su carta, cualquier señalamiento o informe de su oficina, sobre el manejo ilegal de los recursos humanos y la contratación de empleados públicos, podrá ser reclamado como selectivo. Los abogados de estas personas, jurídicas o naturales, presentarán esta carta en la que usted informa que esos asuntos son de naturaleza administrativa, no de corrupción o violación de leyes y reglamentos. Muy respetuosa y humildemente discrepo de su interpretación’, destacó el querellante.

Denunció que la Contralora no solamente ignoró sus reglamentos y cartas circulares, sino que no examinó los señalamientos hechos en su querella sobre violaciones a disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental.

Recordó que el pago a los empleados contratados ilegalmente, en violación de leyes y reglamentos, ‘es el pago indebido de fondos públicos’.

Padilla Morales le recordó, además, a Valdivieso que el uso de sistemas de información, de comunicaciones y otros, en violación de leyes y reglamentos, constituyen ‘el uso ilegal y no apropiado de la propiedad pública’.

Tras esa réplica, la funcionaria aseguró que envió una segunda misiva al querellante en la que le informó del proceso.

‘Después que se le envió esa primera carta y el querellante nos dio información adicional, esa información adicional yo se la envié a mi abogado y se revisó. Nos dimos cuenta que sí había que seguir investigando. Referimos algo a Ética, que fue lo de la venta de boletos y otra información se la referimos a los auditores para cuando se haga a auditoría completa’, dijo.

Valdivieso no quiso dar detalles de los referidos para no afectar las pesquisas.