El presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, Ángel L. González, reveló a NotiCel que a raíz del caso del senador Roger Iglesias, quien obtuvo jugosos contratos de inspección de proyectos con el gobierno sin tener licencia de ingeniero, esa institución ha recibido múltiples querellas y documentos de otros casos similares.

González indicó que después del ‘circo político’ que ha hecho Iglesias, muchos colegiados han comenzado a manifestar su profunda preocupación por personas que están usurpando su profesión.

‘Puede ser el nombre del que sea, para el Colegio eso es irrelevante. Sobre lo que ha dicho el senador Iglesias, de que esto es persecución política, también es irrelevante. Al Colegio ni nos preocupa si él está investigando al Tribunal Supremo, a nosotros lo que nos importa y lo que es relevante es defender la profesión y la institución que nosotros representamos. Quién es la persona no es relevante?’, destacó González, quien preside el Colegio que tiene unos 11,500 afiliados.

‘Además de las 23 compañías que evaluó AFI, nos han llegado anónimamente una avalancha de documentos y estamos evaluándolos uno a uno para ver cuales tenemos que someter al Departamento de Justicia, cuáles debemos pedir más información y así sucesivamente. Esos casos están en evaluación en nuestra Oficina de Práctica Profesional y de nuestros abogados’, destacó.

Entre esos casos que investigan se encuentran los contratos concedidos a la empresa del papá del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que tampoco es un ingeniero licenciado.

‘Lo que pasa es que esos contratos hay que cogerlos uno a uno. Por ejemplo, si dice que es para inspección o si los contratos que todos tienen una forma que es una declaración jurada que dice ‘yo fulano de tal, casado, de tal profesión’ si ahí dice ingeniero y no lo es, es ilegal también’, sostuvo.

En cuanto a la opinión que el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, realizó a petición de la AFI, González se expresó satisfecho en el sentido de que concluyó lo mismo que el Colegio.

‘La opinión del Secretario reafirma la opinión que desde un principio emitió el Colegio de Ingenieros y Agrimensores: que para que se den esos servicios tienen que ser unas corporaciones profesionales de ingenieros. En este momento la ley es clara, si después la cambian eso es otra cosa’, sostuvo.

González explicó que el caso de Iglesias es distinto al del candidato alcalde de Ponce por el Partido Popular Democrático, Ramón Torres, quien ofrece cursos de ingeniería, pero no práctica la profesión de ingeniero.

‘Él (Torres) no se puede llamar ingeniero. Contra el candidato a alcalde de Ponce no hay una querella porque él no está violando la ley. La ley es clara. La academia no es práctica profesional’, afirmó.

‘Los contratistas no tienen que ser ingenieros porque tampoco es práctica profesional, lo que si no puede hacer cualquier persona es inspeccionar proyectos, porque eso solamente lo pueden hacer los ingenieros licenciados o los arquitectos licenciados que pueden inspeccionar, supervisar y diseñar y eso está bien especificado en la ley y cuál es su alcance’, señaló.

Y las amenazas de una descolegiación, tampoco afectan a González.

‘Nos han amenazado varias veces con la descolegiación y la posición del Colegio es que no se va a acallar por eso, porque aquí están usurpando nuestra profesión luego que cada uno de nuestros miembros se quemó las pestañas estudiando y convirtiéndose en profesionales para que venga cualquiera a decir que es ingeniero’, indicó.

Precisó de que de las de las 23 compañías que había mencionado AFI, ya 14 hicieron los cambios porque cumplían con la ley.

‘Ellos ven una posibilidad de recibir un dinero en esta profesión, que está generando y eso es lo que están buscando el beneficio personal y económico’, señaló.

Ayer, Somoza fue parco al hablar de la opinión legal que emitió a solicitud de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) respecto a la legalidad de los contratos concedidos a la empresa del senador Iglesias.

Somoza dejó en manos de las entidades públicas y privadas para que evalúen los contratos que han concedido relacionados a servicio de ingeniería.

‘La opinión del Secretario de Justicia en torno a una consulta solicitada por AFI no particulariza a nadie… es una decisión que tiene que tomar cada agencia de gobierno con cada persona que contrata y le corresponde a cada agencia y cada empresa privada determinar si la contratación es ilegal, inmoral o torpe’, dijo Somoza en un aparte con periodistas.

En su opinión, el titular de Justicia estableció que es ilegal que corporaciones regulares logren contratos de inspección de proyectos de construcción.