El secretario de Estado, Kenneth McClintock, así como la subsecretaria Vanessa Viera y el secretario asistente a cargo de la Junta de Examinadores, Eduardo Ballori, han sido demandados por una empleada del Departamento de Estado que alega ser víctima de discrimen político por parte de estos tres.

En el recurso sometido este mes ante el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, Waleska Martínez Gutiérrez, reclama una compensación de $1,500,000 por violación a sus derechos de libertad de expresión y asociación por identificarse como seguidora del exgobernador Pedro Rosselló.

En la demanda, explica que por más de 25 años ha trabajado con el Gobierno de Puerto Rico, ocupando varios puestos de carrera, siendo el más reciente el de Asistente Administrativa de Sistemas de Oficina III en el Departamento de Estado.

Dice que tanto McClintock, como Viera y Ballori conocen de su afiliación al Partido Nuevo Progresista (PNP) y de su apoyo a Rosselló.

Señala que desde marzo de 2009, cuando McClintock designó a Ballori a ocupar el puesto de confianza de Secretario Asistente a cargo de la Junta Examinadora, se produjo un ambiente cargado políticamente en la división donde trabajaba y que comenzó un patrón de maltrato, amenazas y persecución contra aquellos empleados que se identificaban con el exgobernador Rosselló.

En su caso, indicó haber sido trasladada de posición en unas tres ocasiones, teniendo incluso que trabajar de pie su turno de ocho horas por la falta de un escritorio para realizar sus tareas. Se le informó que la razón para los cambios era una ‘necesidad urgente’ en otras áreas de trabajo, pero que se trataba de algo temporal y que sería reinstalada en su posición. Sin embargo, eso no ocurrió.

Alega que en una ocasión, cuando se dedicaba a hacer certificados corporativos de buena conducta, un empleado de Ballori le pidió que le prepara uno para una corporación en particular. Ella le respondió que dada la cantidad de personas que esperaban por ese mismo servicio, Ballori debía ir personalmente, tomar un turno y esperar para poder recibir la certificación. Al poco rato, Ballori bajó y de manera abrupta le dijo: ‘Eso te pasa por ser Rossellista’, reacción que la tomó por sorpresa, aunque pensaba que esa era la razón oculta tras sus constantes transferencias.

Eso ocurrió en una ocasión adicional.

Como resultado de estas acciones, Martínez Gutiérrez dijo haber sido humillada, sufrido y continuará sufriendo severos daños emocionales y malestar físicos, incluyendo ansiedad, estrés, trastornos del sueño, ataques de llanto, nerviosismo, dolores de cabeza y depresión así como incertidumbre sobre su futuro como trabajadora, así como la pérdida de fe en la bondad de los seres humanos, daños que valora en la cantidad de $1,500,000.

Además de reclamar esa compensación, pide que se cese y desista de cualquier forma de discrimine político y que se le ordene al Secretario de Estado y a la Subsecretaria de Estado reinstalarla en su posición como Asistente Administrativa de Sistemas de Oficina III.

El Secretario de Estado respondió a NotiCel que en el departamento que dirige se han recibido cerca de 10 demandas de ese tipo y que todas han sido desestimadas.

Aseguró que opera bajo el discrimen de ‘cero discrimen’ y que tampoco lo tolera entre sus empleados.

Confirmó que el secretario auxiliar de Junta de Examinadores, Eduardo Ballori, fue designado por él para ocupar ese puesto y que es hijo del publicista también llamado Eduardo Ballori, socio principal de la agencia de publicidad Ballori <><><>& Farré, que tiene a su cargo la millonaria campaña publicitaria de ‘Vía Verde’./p

pSegún McClintock, el Ballori empleado del Departamento de Estado, también demandado en este caso, no trabaja en publicidad./p