El gobierno estuvo dispuesto a pagar más de $32 millones a PFZ Properties, valorándole dos veces gran parte de los mismos terrenos, en lo que habría sido una transacción contraria a la ley.

Parecía que la polémica se había vuelto cenizas. Pero el caso de expropiación forzosa de los terrenos donde se iba a construir el hotel residencial Costa Serena, en Piñones, regresó ayer a los tribunales con la voracidad de un incendio.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) desistió del polémico proceso de expropiación por alegada falta de fondos, según lo informó durante una vista con antelación a juicio ante al Tribunal de Primera Instancia de San Juan este martes. La agencia no había llegado a un acuerdo con la empresa PFZ Properties, que considera que los $4.9 millones que le habían asignado por la expropiación en 2008 no representan ‘el justo valor’ de sus terrenos. Por eso los antiguos propietarios de la compañía, Jack y Joel Katz, padre e hijo, pedían $70 millones por las 1,345.8 cuerdas inundables donde predomina el mangle.

El DRNA había aceptado hacer una nueva tasación el año pasado: la cual resultó en unos $26 millones. El Centro de Periodismo Investigativo descubrió que en esta nueva tasación le valoraron dos veces gran parte de los terrenos a los Katz, al sumar a la finca unos derechos de desarrollo que no estaban hechos para que los pague el Gobierno, según un análisis de parte del expediente del caso ELA vs PFZ Properties. Y la agencia no tiente el dinero, al punto de que en medio de la crisis económica estuvo pidiendo a la Oficina de Gerencia y Presupuesto los fondos públicos para compensar a los empresarios. Además, el valor de los terrenos puede cuestionarse porque quedan en su totalidad en zona inundable, según el último mapa de FEMA. Estos puntos no fueron discutidos en la vista, sino que forman parte de una investigación del CPI.

El próximo 17 de abril el gobierno debe presentar ante el tribunal una moción para desistir de la expropiación. Si prevalece, tendría que pagar daños por haber privado a los Katz de disfrutar de sus terrenos desde el momento de la incautación. Este también fue un punto en controversia: PFZ Properties alega que la nueva tasación no entró en vigor en 2008, sino en 2007, lo que abriría la posibilidad de que reclame más valor por sus terrenos, porque en ese momento la industria inmobiliaria no se había hundido en el mangle.

Joel Katz fue uno de los empresarios que pagó ilegalmente dinero al convicto ex senador corrupto Jorge de Castro Font, entre 2005 y 2008, para que lo acogiera bajo su manto sagrado mientras presidía la Comisión de Reglas y Calendario, en la que ostentaba el poder de cambiar las mareas de los proyectos senatoriales. Luego de que el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá anunciara en un Mensaje de Estado que adquiriría los terrenos de Costa Serena para protegerlos, la senadora Margarita Nolasco pidió investigar el acuerdo de compra venta. De Castro Font apoyó abiertamente la legalidad de Costa Serena y defendió el proyecto ante la propuesta de investigación.

En aquél momento los Katz no aceptaban la oferta de $4.9 millones de dólares, a pesar de que su propia tasación fue de $4.4 millones, según Javier Vélez Arocho, ex secretario del DRNA. Entonces comenzó el proceso de expropiación, con el fin de que no se construyera allí algún otro proyecto ni esta propuesta de 880 unidades de condohotel más 42 residencias, 1,394 estacionamientos, un casino, canchas de tenis, piscinas, seis entradas de control de acceso y 52,818 pies cuadrados de área comercial, en lo que iba a ser el conjunto de edificios más largo de la Isla.

Luego de la última tasación inflada del DRNA (por los $26 millones) el tasador de la agencia se reunió con el tasador de los Katz, y éste último le propuso hacer unos ‘ajustes de cálculo’. Entonces la valoración de la propiedad aumentó a $32,561,003. Eso salió a relucir en la vista de con antelación a juicio, cuando PFZ Properties anunció que aceptaba transar el caso por ese monto de dinero. Los abogados del Estado, Carlos Fontán y Raisa Miranda, pidieron un receso e hicieron ‘una llamada a Recursos Naturales’, en obvia alusión al secretario de la agencia, Daniel Galán Kercadó. A su regreso solicitaron hasta el viernes próximo como plazo para dar una contestación, con el fin de revisar si podían conseguir el dinero. Cuando la jueza superior Mabel Ramón Millán les cuestionó esa petición, entonces Miranda soltó la ficha: ‘vamos a desistir de la expropiación’.

Para leer la historia completa visita el Centro de Periodismo Investigativo.