La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal acusó a la Policía de Puerto Rico de ser parte del problema de criminalidad que nos azota, y de violar los derechos civiles de los ciudadanos. ‘Simplemente (la policía) está rota en muchas áreas críticas’, resumió el jueves el jefe de la división, Thomas Perez. (Lee el informe)

Los hallazgos son parte de un informe que reveló Pérez, al lado del gobernador Luis Fortuño, en una conferencia. El informe tiene 131 páginas, 133 recomendaciones, y concluye que la única alternativa para enderezar la Policía es una intervención federal supervisada por el tribunal que toque prácticamente todos los aspectos de la uniformada, desde la selección de cadetes hasta cómo se tramitan las querellas por uso excesivo de la fuerza. Según el protocolo, si el Gobierno de Puerto Rico no acepta esta intervención voluntariamente, Justicia federal buscaría hacerlo a la fuerza mediante un caso judicial que colocaría a la uniformada prácticamente bajo una sindicatura.

‘Si no podemos resolver el problema colaborativamente, nunca vacilaremos en iniciar litigación’, advirtió Pérez.

Fortuño concentró su defensa en una propuesta que entregó en marzo donde, sostuvo, se han abordado 110 de los 133 puntos. Pero Pérez no dijo si esas recomendaciones cumplen con el requisito de la División de que sean soluciones sustentables y fiscalizables. Lo que sí ofreció fue un correo electrónico, community.prpd@usdoj.gov, para que cualquier persona en la Isla someta sus experiencias con la uniformada y sus propuestas ‘de buena fe’.

El informe viene después de que la Administración Fortuño ha gastado cientos de miles de dólares en cabilderos para evitar, o aguar, la evaluación federal, y viene después de que, notoriamente, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sacara pecho en la vista de confirmación del exsuperintendente José Figueroa Sancha diciendo que lo interpelaría si incurría en violaciones de derechos civiles. Tres operativos ocurridos bajo la supervisión de Figueroa Sancha: en la Avenida Universidad (2009), en el Hotel Sheraton (2010), y en el Capitolio (2010) quedan en vitrina en el informe como ejemplos de lo que está mal en la policía.

La respuesta oficial quedó anticipada en el Times cuando el portavoz de Fortaleza, Edward Zayas, es citado diciendo que la Administración ha tomado pasos sin necesidad de una intervención federal. Pero el propio informe pone estas estrategias, que incluyen una campaña de publicidad millonaria, en el campo del aguaje al calificarlas de ‘artificiales’. El informe pone en entredicho también el discurso de que la policía necesita de la cooperación ciudadana para resolver bajar la criminalidad porque se indica directamente que lo que bajaría la criminalidad es una reforma completa de cómo se desempeña la policía.

Resaltan las conclusiones, sin duda, de que la policía contiene un número desproporcionado de agentes que han sido involucrados formalmente en actuaciones criminales, y que la Unidad de Operaciones Tácticas ha sido utilizada adrede para coartar la libertad de expresión de los ciudadanos y el trabajo de los periodistas, lo que va en contra de la Constitución de los Estados Unidos.

Lee el resumen del informe y el documento en su totalidad en el siguiente enlace:

El informe punto a punto (documentos)