En oposición a la privatización de las autopistas PR 22 y PR 5 se manifestó José Colón, presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales y Supervisores de la Autoridad de Carreteras (AEGSAC), al tiempo que alertó sobre el riesgo de pérdida de empleos para miles de trabajadores.

En una conferencia de prensa acompañado por empleados y representantes de otras organizaciones sindicales, Colón apuntó que ‘estamos profundamente preocupados por la privatización de la PR 22 y PR 5’. Destacó que la transacción se realizó a espaldas de los empleados y sin consultar a la Asociación. ‘La Alianza Publico Privada (APP) no va traer empleos, sino a reducirlos’.

A su parecer la filosofía de las compañías privadas es hacer más con menos, por lo que no dudó que varios trabajadores se vean afectados. El panorama para los empleados se complica si se materializa la intención del gobierno de privatizar otras autopistas del país, como fue informado a NotiCel por el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Rubén Hernández Gregorat.

Colón planteó que el consorcio Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, que integran Abertis Infraestructuras y Goldman Sachs, con la APP recibirá ingresos por encima de los que generará el Gobierno con la transacción.

Por ejemplo, solo con la PR 22 estaría obteniendo cerca de $90 millones anuales, lo que a 40 años que es la APP contratada, redundaría en una ganancia de $3,600 millones.

De acuerdo a Colón esta autopista es la que más dinero genera a la Autoridad de Carreteras y Transportación, y los ingresos son utilizados para pagar el repago de la deuda que mantiene la dependencia.

El licenciado Jesús Morales, asesor de la Asociación, detalló que la Autoridad tiene una deuda que totaliza $8,800 millones, de los cuales unos $6,200 son para los bonistas y el restante para el Banco Gubernamental de Fomento. Por lo que al evaluar la cantidad estipulada por Hernández Gregorat que recibirán $1,080 millones para estos fines, esta cantidad no representa ni una cuarta parte de la deuda que tiene.

Ante esto, si la Autoridad pierde los ingresos de estos peajes, podría correr el riesgo de no poder pagar a los bonistas.

Más aún que el consorcio podría aumentar los peajes, que aunque según el contrato será después del 2014, podrían tener derecho a retroactivos desde el 2012. Por lo tanto, Colón indicó que ‘afecta a todo el pueblo’ la privatización, no únicamente a los empleados que podrían perder el empleo.

El licenciado Morales agregó que ‘es importante enfatizar que con el consentimiento del gobierno, la firma privatizadora aumentará el costo de los peajes, no menos de 5% anual con efectividad de septiembre de 2011, aunque no se hará de inmediato ya que se aplicará retroactivamente el 1 de enero de 2014’. De materializarse este incremento, los usuarios de la autopista PR 22 podrían estar pagando casi $6 por utilizar este tramo en diez años.

Entre tanto, el presidente de la Federación de Asociaciones de Empleados Gerenciales del ELA (FAEGELA), Armando Montero, hizo un llamado a la ciudadanía para que muestren su indignación con la privatización.