La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) emitió un informe preliminar en el que sostiene que en la isla existe ‘un patrón de violencia policial contra los ciudadanos que pone en entredicho el compromiso del gobierno para con las protecciones de la Primera Enmienda’.

Con la ACLU, el gobierno demócrata de Barack Obama ha tenido que lidiar con la presencia de la organización en pleitos relacionados con los derechos de los acusados en el contexto de la conflictiva Ley ‘Patriot’, impulsada por el gobierno republicano de George Bush a partir del 9-11, así como otros que involucran el manejo de la fuerza de policías estatales como Nueva York y Los Ángeles, California.

Ahora, la ACLU pareció encontrar otro flanco en el que dirigir sus cañones a Obama, cuestionándole su compromiso con los derechos civiles en Puerto Rico, un tema que en Estados Unidos lo apartó de sus compatriotas republicanos en su ruta a la elección del 2008. Justo para la visita de Obama a la Isla hoy, la ACLU publicó un anuncio a página completa en El Nuevo Día sobre este tema.

Los hallazgos de la ACLU en Puerto Rico se dan a base de la investigación que desde marzo realizan aquí investigadores de la Oficina de Nueva York de la organización, sobre los incidentes alrededor de la huelga de la Universidad de Puerto Rico, intervenciones de la Policía en comunidades como las de Villas del Sol en Toa Baja y Villa Cañona en Loíza y las muertes de ciudadanos a manos de la Policía, entre ellos miembros de la comunidad dominicana.

La ACLU encontró particularmente conflictivo el hecho de que a mayo del 2011 ‘no había en la Policía un protocolo sobre el uso de la fuerza y de uso de agentes químicos como el gas pimienta en caso de motines y políticas de control de grupo’.

‘Más aún, la Policía no tiene un catálogo ni existen órdenes o instrucciones por escrito que gobiernen la acción policial’, lee el informe preliminar de la ACLU, suscrito por la investigadora de la organización, Jennifer Turner.

En la Policía no existen protocolos, a pesar de que el gobierno ha pagado ya sobre $500,000 al ex jueza del Tribunal Supremo, Efraín Rivera Pérez, para que monitoree los derechos civiles en la Uniformada y cree una reforma que incluya protocolos de seguridad.

La Policía tampoco tiene estadísticas del uso ilegal de la fuerza por parte de sus agentes, ‘de las querellas de los ciudadanos por conducta impropia de policías, investigaciones iniciadas o concluidas sobre el uso excesivo de la fuerza de los oficiales, ni un número de oficiales disciplinados’.

No existen estadísticas ni protocolo de querellas a pesar de que la gerencia policiaca que dirige el ex agente del negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), José Figueroa Sancha, conoce desde su llegada en el 2009 el contexto de las muertes de por lo menos de un ciudadano en Humacao a manos de un policía en hechos ocurridos en el 2007, que descubrió la crisis existente en ese renglón.

La investigadora detalla en su informe que se entrevistaron 50 ciudadanos; escucharon a 14 estudiantes durante una vista en la Universidad de Puerto Rico en mayo pasado, donde participaron los miembros de la delegación de alto nivel de la ACLU, presididos por su presidente, Anthony Romero y que incluyó a la actriz de origen puertorriqueño, Rosie Pérez; el ex pelotero, Carlos Delgado y los líderes de latinos en Nueva York, Juan Cartagena y Angel Falcón.

Para más detalles, vea Pesquisa Boricua.