El gobernador Luis Fortuño y el comisionado residente Pedro Pierluisi tendrán que cabildear fuertemente en las altas esferas del Congreso estadounidense para evitar que se recorten los fondos federales que reciben los municipios para el desarrollo de obras de infraestructura.

Así lo estableció el presidente de la Asociación de Alcaldes, Josean Santiago, quien se mostró preocupado porque esos fondos son los que utilizan los ayuntamientos para la construcción de centros comunales, canchas, parques, acueductos rurales, entre otros proyectos de desarrollo económico.

La Federación de Alcaldes no respondió llamadas de NotiCel para una reacción del presidente, Héctor O’Neill y sus asesores mostraron total desconocimiento de los fondos que se recortarán llamados en inglés CDBG (Community Development Block Grant). En esta categoría de fondos, el recorte es por $300 millones.

Por su parte, Santiago citó como ejemplo que con esos de fondos es que, en su caso en el pueblo de Comerío, se va a construir un hotel municipal.

‘Esto obliga tanto al comisionado residente, que es demócrata, como a Fortuño, que es republicano, a ejercer el mayor cabildeo posible en las altas esferas del Congreso para que se afecte lo mínimo a Puerto Rico porque los municipios, principalmente los pequeños, no tenemos los fondos para hacer obras capitales’, destacó Santiago en entrevista telefónica con NotiCel.

‘Tienen que ejercer todas las influencias que tengan para lograr que esos recortes a esos fondos sea lo menos posible porque si no los municipios no podrán hacer sus obras’, insistió.

De acuerdo con Santiago, si Fortuño y Pierluisi no logran evitar los recortes a esos fondos, pues el Gobernador debería responder a un reclamo que desde hace tiempo le viene haciendo la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático.

‘Es fundamental que se considere el reclamo de la Asociación de Alcaldes para que se le asignen a los municipios los fondos ARRA y los fondos que obtiene el gobierno mediante emisiones de bono porque esas líneas de crédito se están asignando a agencias del gobierno central y la obra no se ve porque el gobierno es muy burocrático y lento y no se siente el impacto en nuestras regiones’, sostuvo.

‘Si hubiera ese recorte el gobierno debe traspasar los fondos para que nosotros podamos propiciar el desarrollo de infraestructura desde las alcaldías’, puntualizó.

El alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, indicó que este ‘es el año que más mal le ha ido a los municipios’ debido a la doble contribución sobre la propiedad que impuso el gobierno de Fortuño, toda vez que los contribuyentes pagaron la contribución estatal y no la correspondiente al Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM).

Eso se une al posible recorte de fondos federales, lo que agravaría la situación fiscal de los ayuntamientos, reconoció Vega Borges.

‘Muchos de los municipios pequeños dependen de esos dineros para hacer proyectos en sus comunidades… eso nos va a estar afectando, todo recorte nos va a afectar. Ya el Comisionado Residente nos había indicado que venían recortes’, reconoció.

‘Nosotros esperamos que se haga algo para evitar que se den esos recortes y que si se dan nos afecte lo menos posible. Los municipios tienen que ser proactivos en hacer sus propuestas… los municipios grandes invierten cabilderos y se llevan las propuestas, pero los municipios pequeños no tienen el dinero para cabildeo y no son tan exitosos’, afirmó.

Los recortes a los fondos CDBG se unen a los de las becas Pell. El plan es recortar $100,000 millones mediante dos mecanismos: eliminar el pago de clases de verano, y reducir el respaldo del gobierno a los préstamos a los que los estudiantes graduados echan mano para seguir sus estudios.