A la vez que se hace cada día más evidente la falta de obstetras, los que practican la medicina reproductiva avanzan dramáticamente para preservar las esperanzas de mujeres que desean tener hijos en las circunstancias más adversas.

Costear los medicamentos de un tratamiento de fertilidad consiste en prácticamente la mitad de lo que en sí ya es un proceso sumamente costoso en Puerto Rico. Y contrario a otros países, la isla está totalmente rezagada en lo que las aseguradoras pagan por éstos, que es prácticamente cero.

En países como Israel los tratamientos de fertilidad son costeados por el estado a sabiendas de la necesidad de atender los retos demográficos que representan una natalidad cada vez más mermada. Como consecuencia, también se dedican más efectivamente los recursos a favor de las madres gestantes.

"En Israel, que es quizás el país más avanzado en medicina reproductiva, hace más de 20 años que es cubierto por el estado en todos los niveles. Cuando el estado no apoya a los pacientes se tiene que acudir a transferir más de un embrión para aumentar las probabilidades de éxito", dijo el ginecólogo y director médico de ProGyn, el doctor Nabal Bracero, en entrevista con Noticel.

Esa transferencia de más de un embrión en un solo ciclo, en su experiencia, se traduce en embarazos múltiples que, aunque ahora se atienden con mayor eficiencia, muchos terminan en partos prematuros que requieren internar a la criatura en una unidad de intensivo neonatal.

"Cuando nacen prematuros hay un consumo exagerado de recursos de médicos para atender ese nacimiento", apuntó el especialista en fertilidad.

Mínimamente, dijo, el estado debería comenzar por cubrir los medicamentos de infertilidad.

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"Cuando yo empecé la práctica hace 15 años, los medicamentos representaban una cuarta parte del costo del proceso. Ahora es la mitad. Es un costo fijo que para el estado es relativamente fácil de cubrir", expresó.

Eso, sumado a crear las condiciones para que las personas en edad reproductiva deseen tener hijos porque se rodean de un entorno eficiente, es una de las soluciones que presenta el galeno para atender la seria situación de que en Puerto Rico nacen ahora menos de 20,000 niños al año.

Esa disciplina de la medicina reproductiva es una que enfrenta constantemente retos, tanto para los médicos como para los pacientes. Primero, en Puerto Rico es muy común el ginecólogo que no practica la obstetricia, es decir, no realiza partos. En toda la isla hay entre 120 y 140. Unos han decidido no realizarlos por la baja natalidad, sumado a los riesgos que representa la práctica y los altos costos de los seguros de impericia.

Es, según Nabal Bracero, una de las razones por las cuales se realizan más cesáreas que las deseadas en la Isla. El médico reconoció que la cantidad de cesáreas en Puerto Rico es alta y no comparable con otras jurisdicciones de Estados Unidos.

"Es el problema de salud pública número uno de los ginecólogos. No es otra cosa", sostuvo.

La dificultad radica específicamente en las cesáreas primarias.

"Son múltiples factores. Tiene que ver con la disponibilidad de personas para hacer partos después de haber hecho cesáreas, porque el problema principal es esa primera cesárea. La primera cesárea es la que tenemos que evitar. Cambiar los protocolos para determinar que hay un embarazo comprometido, cuándo se canta que el embarazo no va como debe ser", manifestó.

Una vez se realiza una cesárea, se hace difícil, mas no imposible, realizar un parto vaginal. Pero no todos los hospitales están preparados con el equipo para ello.

Nabal Bracero ha llevado a término embarazos por medio de surrogacía, mientras trabaja en casos de oncofertilidad, en lo que se ofrece a la joven- en ocasiones pacientes pediátricas- congelar sus óvulos antes de someterse a tratamientos como quimioterapia o radioterapia.

"Estamos hablando de la congelación de tejido ovárico. Sacamos un ovario completo, le dejamos el otro, le removemos la corteza y lo congelamos. Lo dejamos congelado hasta que decida que puede y quiere tener familia y se retransplanta con hormonas", explicó.

Asimismo, reconoció que hay aun hay mucho trabajo en hacer de esa práctica más afín con las sensibilidades sociales.

"Estamos tratando de movernos a tratamientos más sensibles. Estamos hablando de congelar óvulos y y descongelar óvulos, para que no haya una generación de embriones almacenados", explicó.

Sobre la restricción del derecho al aborto, Nabal Bracero alertó sobre los proyectos locales que se consideran actualmente, ahora con el aval del Supremo federal que permitió a los estados tener su propia regulación.

"Nuestra posición es en defensa de los derechos adquiridos. No puedo comprender cómo abogados están queriendo inducir a la renuncia de derechos adquiridos de la mujer y de la mujer gestante con muchas lágrimas y mucho esfuerzo. No es saludable para ningún país, ni para las gestantes. Tenemos que reaccionar y ponernos en pie de lucha, pero hay que educar con criterios serios", dijo.

PROGyn, la Cooperativa de Obstetras y Ginecólogos de Puerto Rico y la Sección de Puerto Rico del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, representando a los obstetras y ginecólogos de toda la Isla, condenaron la decisión del Supremo federal en el caso de Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, por considerar que representa un ataque directo a la relación médico-paciente y la práctica responsable de la medicina reproductiva.

"Esa terrible decisión pone en riesgo la infraestructura de salud pública de los Estados Unidos y Puerto Rico y ataca los valores que nosotros, como profesionales de la salud y proveedores de atención médica de la mujer, practicamos. Compromete de manera irreparable y devastadora la relación médico-paciente. Nos expone a los proveedores a represalias por brindar atención médica adecuada, basada en evidencia, y al negarles a los pacientes la oportunidad de recibir atención clínica necesaria y justa, en el marco de intimidad y confidencialidad que cobija la relación médico-paciente, que es sagrada", lee una declaración conjunta de esas organizaciones médicas.

"Múltiples proyectos legislativos presagian futuros intentos de amenazar la salud materna en nuestro país. Como aliados de nuestros pacientes, nos toca defender los derechos reproductivos adquiridos y señalar los individuos que quieran demagógicamente arrebatarlos", agregó.