Columna del abogado Alberto J. Valentín.

Hoy, 17 de mayo de 2022, celebramos el Día Internacional Contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia con el propósito de promover acciones para poner fin a los actos de discriminación, violencia y odio que siguen existiendo en contra de la comunidad LGBTTQIA+.

En todo el mundo, más de dos mil millones de personas viven en países en los que la homosexualidad es ilegal, y la pena de muerte se mantiene como castigo a relaciones entre personas del mismo sexo en 11 diferentes países. Lapidación, latigazos, prisión y pena de muerte, son algunas de las penas impuestas en más de 70 países por mantener una relación homosexual y asumir expresiones de género distintas a las asignadas a tu identidad sexual o biológica. Y a pesar de que en los diez últimos años hemos observado signos de avances en todo el mundo, la discriminación, violencia y exclusión en contra de personas por motivos de su orientación sexual e identidad de género siguen siendo alarmantes. Y aunque en Puerto Rico la homosexualidad no es un delito como en otros países del mundo, es difícil creer que una isla de solo 100 x 35 millas tenga la tasa más alta de crímenes de odio en los Estados Unidos.

En 2020, seis de las 44 muertes que ocurrieron en la isla fueron personas transgénero y de género no conforme. Estas muertes representan la mayoría de los asesinatos de personas trans ocurridos en los EE. UU. en 2020. Le siguen Florida (4), Luisiana (4), Ohio (3), Texas (3), Nueva York (3) y otros 17 estados. Puerto Rico es la jurisdicción estadounidense con más asesinatos de personas trans, según estadísticas de Human Rights Campaign (HRC). Puerto Rico entre 2019 y 2020 también vio al menos 12 asesinatos de personas LGBTQ, la tasa más alta de muertes que la isla ha visto en una década.

¿Por qué una isla del Caribe con tanta diversidad multicultural está experimentando este nivel de crímenes de odio y casos de violencia de género? ¿En que hemos fallado? Nos hemos convertido en un país lleno de leyes simbólicas, que generalmente son ignoradas por las autoridades policiales y no tienen consecuencias. Tenemos protocolos de exclusividad, competencia cultural y cero discrímenes en las agencias del gobierno, que no se hacen afectivos, que no se ponen en práctica. Y no es solo porque ciertamente hemos tenido un historial de mala administración pública en la isla, sino porque cuando se trata de ciertos temas, el sistema se demora en hacer cumplir las leyes.

Podremos tener las mejores políticas públicas, y darnos golpes de pecho con ellas, pero sin una voluntad real de cambio desde adentro, una participación real e igualitaria de las poblaciones protegidas en la toma de decisiones y un enfoque educativo integral y permanente para cambiar a las generaciones futuras, jamás lograremos un Puerto Rico inclusivo, sin homofobia.

La falta de interés y reconocimiento de las autoridades y servidores públicos de la existencia de males sistemáticos como la homofobia y la violencia de género han resultado en la postergación eterna de los esfuerzos concertados para erradicarlos en la Isla. Tan reciente como la lucha por las terapias de conversión, y la renuencia de decenas de legisladores que exclamaban su inexistencia en Puerto Rico, o incluso la necesidad de llevarlas a cabo, nos hace entender cuan lejos estamos de convertirnos en un territorio inclusivo, un Puerto Rico libre de homofobia.

No existe una voluntad genuina del gobierno para abordar los temas relacionados con la ideología de género y la comunidad LGBTQ porque esa voluntad no existe en nuestra sociedad ni en nuestra cultura tampoco. Los políticos son sólo una representación clara y directa de lo que hay en la sociedad, porque todos provienen de ella. Puerto Rico sigue siendo un país muy conservador con una cultura muy sexista y misógino, y para cambiar eso y erradicar la crisis de violencia de género y crímenes de odio, necesitamos crear un enfoque holístico muy agresivo a nivel social y cultural.

La integración de las poblaciones protegidas (minorías, mujeres, personas LGBTQ…) en el proceso de toma de decisiones es fundamental y será la única forma efectiva de conseguir que nuestras instituciones públicas hagan cumplir realmente todo lo que apruebe el gobierno. Debemos de lanzarnos no solo al ruedo político, sino al activismo con sentido y combativo. Inmersarnos en todos los procesos y espacios existentes, hasta que logremos crear un Puerto Rico seguro para todos.