El expresidente de la Cámara, Jaime Perelló Borrás, propone a la Gobernadora convocar a una Sesión Extraordinaria inmediatamente para enmendar -mediante el consenso- la Ley electoral y devolverle al País la confianza en el sistema electoral.

Durante toda mi vida universitaria en el campo de ciencias políticas, así como en mis estudios postgraduados de gobierno y los años de actividad política y en el servicio público, siempre se me enseñó que el sistema electoral de Puerto Rico estaba basado en la desconfianza para de esa forma garantizar su confianza, y aunque pueda sonar contradictorio, no lo es.

La tranquilidad del elector se logra con un fino pero eficaz balance de la representación de los partidos en los diferente niveles administrativos y operacionales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Para lograr dicho balance cada partido político inscrito tenía derecho a tener representación en prácticamente toda la cadena administrativa de la Comisión. Si bien el sistema es uno costoso, garantizaba, dentro de la imperfección humana, un ente electoral confiable.

Es normal, y tiene que ser aceptado, que cada partido político desconfíe del otro, por qué engañarse, al final todos quieren ganar las elecciones. Pero el diseño de la Comisión permitía que hubiese un clima de honestidad, confianza y cumplimiento de palabra en el momento de iniciar un proceso electoral.

Esto no significa que cada funcionario electoral no tuviera ojos en las espaldas velando las acciones de cada partido dentro de la Comisión, pero las reglas eran claras en el balance de todos los niveles del proceso operacional de la Comisión, que permitían atender de manera rápida cualquier situación que se presentara.

Lo que sucedió el domingo 9 de agosto del 2020 fue la primera elección abortada en la historia de nuestra Isla, producto directo del trastoque por diseño de ese balance político, piedra angular de nuestro sistema electoral. La ahora deformada ley electoral, aprobada a la ligera, sin consenso y altamente criticada por los conocedores del proceso electoral, es la culpable de este desmadre.

Las críticas se han basado en el desconocimiento de los procesos electorales del actual presidente CEE y su falta de práctica en la administración de primaria y elecciones generales. Debo establecer que estas críticas, ocurren por las consecuencias del desmantelamiento de la ley electoral anterior. El presidente de la Comisión históricamente había funcionado como un juez y no refiero a que tenga que ser o siempre haya sido un juez, pero en la práctica sus funciones son más de deliberar y buscar el balance cuando no hay consenso entre los partidos políticos. Tradicionalmente los comisionados electorales de cada partido tomaban las decisiones de manera colegiada, incluso la aprobación del presidente, la intervención del presidente solo se reclamaba cuando existía un impasse entre ellos.

Por tal razón, el presidente de la CEE no tenía necesariamente que ser un súper ducho en la materia electoral, pero sí era y es necesario tener unas habilidades administrativas y de negociación para mantener ese balance sagrado del sistema electoral puertorriqueño, tan respetado y reconocido mundialmente hasta ahora. Pero la mal llamada reforma electoral eliminó muchas posiciones claves con conocimiento administrativo y operacional de la CEE. El ejemplo más marcado son las figuras de los vicepresidentes de la Comisión uno por cada partido mayoritario. No solo eran posiciones claves en la administración de la Comisión. Eran también figuras con vasta experiencia manejando procesos electorales. Esto le impuso de un día para otro unas funciones absolutas al presidente de la CEE que no tenía los conocimientos para ejecutar.

Es como tener una línea aérea, que el que vuele los aviones sea el CEO, eliminando los copilotos, mecánicos, azafatas y demás personal de vuelo. Sazonando el ejemplo con que el CEO no es piloto y la decisión se tomó ya el avión en vuelo.

Lo que le complica la situación aún más para el presidente de la CEE es que él fue unos de los cabilderos principales de esta deforma legislativa tanto a nivel legislativo como a nivel público. Recuerdo como si fuera hoy su encuentro en el programa de televisión Jugando Pelota Dura con Héctor Luis Acevedo, una de las figuras más respetadas en Puerto Rico en especial por su conocimiento electoral. Entre murmullos y palabras incompletas trataba de poder sostener lo insostenible frente a los serios problemas de aquel proyecto de ley que trastocaba los elementos más básicos del balance electoral y político de nuestra ley electoral.

En resumen, el presidente de la CEE, legisladores, y la propia Gobernadora tenían los elementos claros del por qué esta ley era dañina. Pero lamentablemente aquí la razón no se impuso logrando poner en entredicho a nivel mundial la capacidad de Puerto Rico de garantizar procesos electorales de confianza y seguros en sus resultados. Tenemos que como País resolver los problemas obvios de esta nueva Ley Electoral para al menos recuperar el sitial que teníamos de ser unos de los lugares con el mejor sistema electoral en donde recibíamos visitas del mundo entero a conocerlo y copiarlo.

Ninguna legislación está escrita en piedra. Con voluntad, madurez y un alto sentido de patriotismo debe llevar a que de manera inmediata la gobernadora cite una extraordinaria y envíe un proyecto de ley de enmiendas a la Ley electoral para devolverle al País la tranquilidad de tener un sistema electoral robusto, balanceado y justo para todos.