El economista y planificador José Rodríguez opina que toda actividad económica o comercio con interés de reabrir debería tener un plan de seguridad basado en las guías de OSHA, el CDC o la OMS.

En primer lugar, permítame establecerlo con claridad desde el principio, nadie puede dudar de la importancia de que se reabra nuestra muy lastimada economía, a fin de que el capital comience a fluir y nos encaminemos a un proceso de recuperación gradual.

La economía responde principalmente con dos factores, uno es de tipo objetivo, como lo son los datos. Los datos permite tomar decisiones informadas e inteligentes, pues de una forma u otra, son medibles. El otro factor es uno de tipo subjetivo basado en la confianza. La confianza, aunque no es un elemento científico, es medible e igualmente influye en la toma de decisiones. Sin embargo, ese factor subjetivo (la confianza), fluye (aumenta o disminuye), en la medida en que se tenga la información necesaria para tomar determinada decisión. O sea, mientras más informado se encuentre el individuo, mayor certeza tendrá en la toma de decisiones a causa de mayor confianza. Dicho más sencillo: datos = confianza. En el caso de la economía, ciertamente un individuo confiado tendrá una mejor respuesta hacia esta.

Ante la ausencia de datos certeros (pruebas masivas y métricas confiables), sobre como ha sido el resultado de las medidas tomadas por el gobierno y de como ha ido manejándose el poco sector empresarial operando durante la pandemia, el abrir casi de forma masiva tantos sectores de la economía, sin un plan estratégico por sector o como poco, con unas guías básicas de como cada empresa puede desarrollar dicho plan, forzosamente debe crear en la ciudadanía, más incertidumbre que confianza.

Como remedio a esto, resulta esencial que tanto el gobierno como el sector empresarial, compartan tal responsabilidad. Así las cosas, de forma reglamentada y compulsoria, toda actividad económica o comercio con interés y disponibilidad de reabrir operaciones, debería tener a su haber la obligación de llevar a cabo un plan de salud y seguridad basado en las guías de OSHA, el CDC o la OMS, que esté atemperado al proceso operacional de cada empresa. Como mínimo, el referido plan debería estar cementado en los siguientes parámetros generales:

1. El manejo e interacción de la plantilla laboral (incluyendo la gerencia) entre sí, dentro de las instalaciones de la empresa, con el inventario y con el producto;

2. La salubridad de las instalaciones (oficinas, local, almacenes, etc.) y el equipo y/o herramientas.

3. El manejo de materiales, suministros e inventario en general;

4. El manejo del producto;

5. La interacción con clientes y consumidores.

Ante la ausencia de la ejecución de mayores pruebas, el plan debe incluir que cada empresa haga pruebas a su plantilla. Es la única forma que puede garantizar un ambiente seguro y libre de riesgo de contagios. Eso no puede ser discrecional.

Ahora bien, ciertamente, la ejecución de dicho plan, le representará a la empresa la oportunidad de profundizar en su operación y hacer un ejercicio responsable y consciente de como manejarse, manejar su producto y manejar su relación con su clientela. De igual forma, sin duda ello producirá mayor confianza en el cliente, pues se sentirá protegido y ello sin duda provocará mejor relación (engagement) del cliente con la empresa. Ahora bien, como mencionara, ello no puede ser discrecional, debe ser algo regulado. Lo contrario sería caer en una especie de «laissez faire», pero con riesgo más graves que una estrategia económica fallida.

Así las cosas, esto bien puede legislarse o reglamentarse mediante una Orden Ejecutiva enmendando a estos efectos el REGLAMENTO CONJUNTO PARA LA EVALUACIÓN Y EXPEDICIÓN DE PERMISOS RELACIONADOS AL DESARROLLO, USO DE TERRENOS Y OPERACIÓN DE NEGOCIOS – 2019. De igual forma, de la Legislatura o el Estado, no actuar, los municipios vendrían llamados a hacerlo por vía de Ordenanza. Sería una ordenanza que obligue a las empresas a establecer un plan y presentar prueba del mismo. El municipio, bien podría expedir un permiso, el cual debería estar visible, al igual que lo están los permisos de uso y la patente.

Ahora bien, hay quien pudiera encontrar esto oneroso. Ciertamente, el que toda empresa tenga que prepararse para abrir en estas condiciones, de forma segura, sin duda conllevará incurrir en gastos extraordinarios no presupuestados. Ello, podría comprometer aún más las menoscabadas finanzas de las empresas. Sin embargo, por ser algo de alto interés público, faltaría un componente para el que sí se requerirá legislación: la otorgación de algún tipo de alivio, subvención, crédito o reembolso por concepto de este gasto en las operaciones de cada empresa. Si en algún momento se justifica la intervención de este tipo y alianzas del gobierno con el sector económico, es bajo estas circunstancias.

El hacer lo anterior, no menoscabaría y agravaría aún más nuestra débil economía, el no hacerlo sí. Una reapertura sin un plan estratégico coherente y medible, aumenta el riesgo de que como consecuencia tengamos una proliferación desmedida de contagios. Ello tendría el efecto de comprometer aún más nuestro débil sistema sanitario y por tanto, su capacidad de respuesta. Y ante un eventual cuadro de una fuerza laboral enferma e incapaz de producir, probablemente tendríamos un colapso más prolongado de nuestra economía. En fin, todo el esfuerzo y sacrificio hasta ahora hecho sería en vano. Claro está, hay quien podría decir que son solo suposiciones. ¿Acaso no lo es abrir sin planificación ni una estructura de medición confiable?

Estoy convencido que con las medidas antes expuestas, se podrá insertar algún grado de coherencia y seguridad, a este proceso de reapertura de nuestra economía y a la vez, proveer de la confianza necesaria al pueblo, de que su gobierno toma como principal interés, su salud y su bienestar. Y ciertamente, nuestras empresas se beneficiarán de ello.

El autor es economista y planificador.