Del Centro para una Nueva Economía.

El 20 de junio de 2018 se aprobó la Ley 120 para ‘Transformar el Sistema Electrico de Puerto Rico’ y ‘para autorizar el marco legal requerido para la venta, disposición y/o transferencia de activos, operaciones, funciones y servicios de la Autoridad de Energía Electrica (la ‘AEE’)’, y para otros fines relacionados.

Entre esos otros fines relacionados, se establece la condición de que cualquier contrato para transferir ya sea el título o la operación de cualquier activo de la AEE tiene que cumplir con la política pública energetica y el marco regulatorio para el sistema electrico, ambos a definirse mediante legislación en el futuro.

En terminos específicos la Sección 10 de la Ley 120 dispone lo siguiente:

‘La política pública energetica y el marco regulatorio deberá aprobarse por la Asamblea Legislativa en un termino que no excederá de ciento ochenta (180) días a partir de la aprobación de esta Ley. Dentro de ese termino, no se perfeccionará ningún Contrato de Alianza o Contrato de Venta relacionado con una Transacción de la AEE. Transcurrido dicho termino, y de no aprobarse la nueva política pública energetica y el marco regulatorio, el Certificado de Cumplimiento de Energía se emitirá conforme al estado de derecho vigente. Lo aquí expuesto no podrá entenderse como una limitación a la facultad de la Asamblea Legislativa para formular la política pública energetica y el marco regulatorio transcurridos los ciento ochenta (180) días.’

El plazo de 180 días vence el 17 de diciembre de 2018. El Senado de Puerto Rico, a fin de cumplir con ese termino, trabajó diligentemente por meses en la redacción del Proyecto del Senado Número 1121 (el ‘P. del S. 1121’) y dicho proyecto fue aprobado recientemente por el pleno del Senado.

El liderato de la Cámara de Representantes, sin embargo, optó por no considerar este proyecto durante la sesión legislativa que concluyó hace apenas unos días y decidió dejarlo para consideración en algún momento durante la próxima sesión que comienza en enero de 2019.

Este asunto es sumamente importante porque si se deja vencer el termino de 180 días, la AEE y la AAFAF pudieran suscribir contratos para la venta o concesión de activos de la AEE sin que esos contratos tuvieran que cumplir con la política pública y el marco regulatorio que se establece en el P. del S. 1121.

El viernes 9 de noviembre la AAFAF, mediante parte de prensa, ofreció unas exiguas promesas de que no incurriría en la otorgación de dichos contratos, pero el lenguaje utilizado en el parte de prensa es ambiguo y limitado, como vemos a continuación:

‘Le hemos expresado al senador Larry Seilhamer y al representante Víctor Pares Otero que, aunque continuaremos los procesos de privatización de la Autoridad de Energía Electrica, según autorizado por la Ley 120-2018, no formalizaremos contrataciones que pudieran ser contrarias a la política pública establecida por el primer ejecutivo o los principios cardenales del proyecto de ley elaborándose en la Legislatura.’

En nuestra opinión, dejar que el período de 180 días venza sin acción por la Cámara de Representantes sería un mal comienzo del proceso de privatización de la AEE, ya que el gobierno de Puerto Rico demostraría una vez más que es incapaz de cumplir con sus propios terminos y condiciones para llevar a cabo transacciones importantes.

Además, se crearía la impresión de que se busca beneficiar indebidamente a alguna compañía o firma en específico–ya que no tendría que cumplir con los requisitos establecidos en el P. del S. 1121–lo que pondría en duda la seriedad y la integridad de todo el proceso relacionado a la privatización de la AEE.

Y finalmente, la falta de transparencia pudiera desalentar a inversionistas interesados y tal vez hasta el gobierno federal, que todavía no ha redactado los lineamientos para el uso de los $2,000,000,000 asignados para el mejoramiento del sistema electrico de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes.

Por todo lo anterior respetuosamente sugerimos que el P. de S. 1121 se atienda en la Cámara de Representantes antes de que venza el termino de 180 días, el lunes 17 de diciembre de 2018.

*El autor es Director de Política Pública en el Centro para una Nueva Economía. Tomado del blog de CNE.