El proyecto de ley que aumenta el IVU es una medida de corto plazo dirigida a cerrar la brecha presupuestaria del próximo año fiscal. Se implementará además un plan de recortes en el gasto público que incluye una disminución sustancial en los fondos que se asignan a las organizaciones sin fines de lucro, entidades fundamentales para la prestación de servicios esenciales en áreas tales como educación, salud, bienestar social, y quehacer cultural.

Más allá de medidas inmediatas, el País necesita reformas bien pensadas, profundas y de largo plazo. La necesidad de que los presupuestos futuros se ajusten a la realidad fiscal y a las necesidades del País obliga a implementar cambios sistémicos con carácter de urgencia. Para empezar, proponemos aquí una lista de algunas medidas que – más allá de aumentos impositivos y recortes presupuestarios inmediatos – deberíamos comenzar a impulsar:

1. Aumentar la captación

El informe que hizo la firma KPMG para el Departamento de Hacienda encontró que la captación del IVU es apenas del 56%. Por qué se está hablando de aumentar el impuesto al consumo y no de aumentar la captación del que ya tenemos? De qué sirve continuar aumentando las contribuciones si la captación es pobre?

2. Atacar la evasión

Cuáles son los renglones principales de la evasión y cuánto representan en ingresos perdidos para el fisco? Cuál es el plan de Hacienda para aumentar la captación de los renglones principales de evasión? Además, cuánto se estima que pierde el fisco por personas que trabajan por cuenta propia y sub-reportan sus ingresos? Se han identificado los mecanismos que facilitan la evasión y cuánto representa cada uno? Qué medidas se están tomando para eliminarlos?

3. Evaluar los incentivos, exenciones, créditos y subsidios

El estudio de KPMG recomendó eliminar o revisar 83 exenciones, créditos, y tasas preferenciales para individuos que le cuestan al erario público $ 1.1 billones cada año. Asimismo, recomendó eliminar otro centenar de deducciones, créditos, exclusiones, exenciones y tasas preferenciales para corporaciones, cuyo costo asciende a $500 millones anualmente (Anejo B). Otra evaluación de beneficios y costos encomendado por la Cámara de Representantes encontró que, a excepción de la manufactura farmacéutica y la agricultura, el beneficio económico que dejan ciertas exenciones es bajo o nulo. Se justifican en estos tiempos? Cuál es el beneficio económico de cada una? Cuáles son necesarias y cuáles pueden eliminarse?

4. Examinar los decretos de exención contributiva

El Gobierno hace acuerdos con empresas para proveerles exenciones, subsidios y hasta se compromete a proveer infraestructura para su uso. Se han cuantificado estos gastos? Se justifican? Cómo y cuando se evalúan éstos? Cuáles son los beneficios cuantificados y concretos de cada uno?

5. Reestructurar el Departamento de Hacienda

El Departamento de Hacienda tiene que reorganizar sus procesos gerenciales y de operaciones para ser más eficiente y confiable. Cuáles son las causas para el desfase en los estimados y los recaudos reales? Se sobreestiman al momento de hacer presupuestos por razones políticas? Qué se ha hecho y se está haciendo para corregir esta situación?

6. Lograr eficiencias administrativas en el Gobierno

El Gobierno debe examinar su estructura y lograr ahorros sustanciales. Cuánta duplicidad de esfuerzos existe? Qué gastos pueden eliminarse? Qué agencias pueden fusionarse? Qué servicios pueden compartir los Municipios?

7. Cultura de Transparencia y Rendición de Cuentas

Nuestro país necesita cambiar la cultura de opacidad, obstrucción y secretividad por una de apertura, transparencia y rendición de cuentas. Carecemos de mecanismos de evaluación confiables sobre los gastos gubernamentales. Tampoco se penalizan los incumplimientos, omisiones y fraudes que ocurren con frecuencia.

ES MOMENTO DE PENSAR EN REFORMAS DE VERDAD.

*Tomado del blog de Espacios Abiertos.