El proyecto de siete años, financiado con fondos federales, para instalar metros inteligentes a los abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y que se supone comenzaba el mes pasado está atrasado, con una impugnación judicial sometida por uno de los dos proveedores que participó en la fase piloto.

Distribution Control Systems Caribe, Inc. (DCSCI) recurrió al Tribunal de Apelaciones el 27 de octubre, después de pasar por la Junta de Subastas de la AAA y la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG).

DCSCI y Utility Metering Solutions LLC (UMS) tuvieron a su cargo la fase piloto desde el año pasado para la instalación y evaluación de 3,000 metros. La AAA escogió a UMS y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) avaló la otorgación del contrato en marzo pasado, para arrancar la instalación general en octubre. En abril pasado, la JSF señaló a la gobernadora que cualquier atraso en este proyecto implicaba una violación al plan fiscal porque comenzaría a provocar pérdidas de inmediato.

En los meses del plan piloto, DCSCI instaló 1,998 contadores, mientras que UMS instaló 1,016. En su petición al tribunal, resaltan que UMS resultó agraciado a pesar de esta diferencia y de que un consultor de la propia AAA concluyó que el trabajo con esa empresa resultaría $61.5 millones más caro que con DCSCI. La reclamante añadió que los requerimientos de la propuesta fueron alterados para traer criterios completamente inventados y faltos de base objetiva en una segunda evaluación técnica que fue la que se usó para otorgar el contrato a UMS. Particularmente, que se pedían proyecciones para ciclo de vida de la tecnología a 15 años, pero entonces se hizo una evaluación solo de los primeros cinco años de la proyección.

“Los (criterios) utilizados para descartar a DCSCI no tenían siquiera valores porcentuales, dejando totalmente al arbitrio de la AAA el peso que le quisiera asignar a cada uno sobre la marcha… (el proceso de propuestas) se convirtió en una carte blanche, brindando a la AAA total libertad o autoridad para actuar como quisiera, sin restricciones ni condiciones”, alegó DCSCI.

En los procesos de revisión internos, la AAA esgrimió que DCSCI no podía basarse en estas supuestas irregularidades para impugnar la adjudicación porque, con su participación en el proceso, las había avalado. Mientras, en su petición al tribunal, DCSCI apunta a que la corporación mostró favoritismo por UMS desde la fase piloto.

“Si no ponemos coto a la improvisación, no podremos luego lamentarnos de que vivimos con un sistema que desperdicia el 50% del agua que se produce; que de forma sistémica mantiene los embalses y represas con niveles de sedimentación elevados; que abandona el sistema de pozos que hace décadas nutría el sistema o simplemente deja a cientos de miles de personas sin agua por ‘averías’ que siempre son culpa de otros”, argumentó DCSCI.

“DCSCI recurre ante este Honorable Foro para rectificar un proceso torpe, plagado de errores y arbitrariedad, y que, a menos que se frene aquí y ahora, continuará repitiéndose por la ausencia de frenos en el camino y la recurrencia de carte blanche para actuar”, añadió al pedir que se anule el proceso realizado desde 2022 hasta ahora y que se ordene una subasta formal para la adjudicación.

Según el plan fiscal de la AAA, los metros inteligentes tienen una vida útil estimada de 20 años, no dependen de piezas mecánicas, sino de sensores que permiten detectar mejor el uso, la presión del agua y las filtraciones. Junto con estos, debe desplegarse una Infraestructura Avanzada de Medición (AMI en inglés) que permite lectura remota y datos en tiempo real. Las operaciones de almacenaje y comunicaciones de la autoridad también tienen que adaptarse para la integración de esta tecnología.

La Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) asignó $711 millones para la conversión de todos estos sistemas, y la AAA debe aportar $79 millones. Tan solo el contrato de la instalación de los metros tiene un valor de $408 millones. La JSF proyecta que esta conversión estará dejando a la AAA unos $100 millones en ingreso nuevo desde su séptimo año de instalación.

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