“Fue mi error”, confesó Vázquez mientras fiscalía pide cárcel por la corrupción en las elecciones

La vista de sentencia contra exgobernadora quedó pospuesta para diciembre y la fiscalía ofreció más detalles del Super PAC con el que banquero venezolano la benefició.

La jueza federal Silvia Carreño Coll pospuso para el 4 de diciembre la sentencia de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, debido a que su defensa busca que no se usen en su informe presentencia las alegaciones de soborno y corrupción que contenía el pliego acusatorio que será desestimado porque la convicta negoció declararse culpable solo por un delito electoral, a saber, recibir un donativo ilegal por venir de un extranjero no nacionalizado.

La defensa elevó su queja a la jueza ayer y, aunque se le concedió el espacio para disputar el uso de esas alegaciones, la fiscalía federal sometió ayer mismo su petición para una sentencia de 12 meses de cárcel basándose en evidencia que levantaron para el caso anterior. Además, revelaron más detalles de cómo el banquero italovenezolano Julio Herrera Velutini estableció un Super PAC fuera de la isla para respaldar la carrera primarista de la exgobernadora, a cambio de que designaran al comisionado de instituciones financieras que él quería. En las sentencias federales, a los jueces se le permite tomar en cuenta conducta del convicto que no esté directamente relacionada con el delito en cuestión, y esa esa conducta no se limita a cosas probadas en un tribunal, sino que pueden ser alegaciones también.

En su documento, la fiscalía también adelantó parte del contenido del informe del oficial de probatoria en el que supuestamente Vázquez Garced habría confesado que cometió errores en la relación con el banquero. Estos informes son confidenciales, solo para las partes y el tribunal, por lo que solo se conocen los aspectos que cada parte quiera resaltar. Las sentencias de los otros coacusados, Herrera Velutini y su asesor, Mark T. Rossini, están señaladas para el 10 de diciembre y la fiscalía no ha sometido solicitudes de sentencia en sus casos.

“Fue una oferta y la acepté… fue mi error”, dijo Vázquez Garced al oficial de probatoria, según la fiscalía. La que la fiscalía describió como “gobernadora no electa” también habría aceptado que estuvo mal que fuera a una reunión el 28 de febrero de 2020 en el hotel Condado Vanderbilt en la que se le presentó el plan para que recursos pagados por el banquero le ayudaran en su campaña primarista contra Pedro Pierluisi Urrutia. Ella decidió asistir después de que sus asesores le recordaron que los anuncios en su contra eran demasiados.

La condición del banquero para la ayuda era que Vázquez Garced nombrara comisionado a Víctor Rodríguez Bonilla, el asesor de Herrera Velutini en el Bancrédito International Bank & Trust. La designación ocurrió después de la reunión, en mayo. “De hecho, Rodríguez Bonilla no fue entrevistado. En vez, por instrucción de Vázquez Garced, (la subsecretaria de la gobernación, Lillian Sánchez Pérez) llamó a Rodríguez Bonilla y le ofreció oficialmente la posición, y Rodríguez Bonilla aceptó”, añadió la fiscalía.

“Hay pocos crímenes no violentos que impactan el público más que los crímenes electorales”, dijo la fiscalía en su esfuerzo por convencer a la jueza de aceptar su petición de 12 meses de cárcel. Uno de los obstáculos que reconocen es que los delitos electorales se consideran cosas menores, pero indicaron que en los últimos cinco años han ocurrido 26 sentencias por el mismo delito y que el 57% tuvo cárcel, siendo el promedio 20 meses.

Entonces, los abogados del gobierno colocaron el donativo ilegal en un contexto de corrupción en las elecciones de Puerto Rico que abarca por lo menos desde 2016. Ese año, apuntaron, Herrera Velutini aportó $100,000 a través de Bancrédito al Super PAC Integridad y Experiencia para el Cambio, quien hizo campaña en contra de Ricardo Rosselló Nevares.

En 2020, continuaron, “múltiples criminales se enfrascaron en varios esquemas para esconder, encubrir y realizar donativos ilegales de campaña a tres candidatos para la gobernación”. Destacaron un donativo de Bancrédito por $50,000 para Puerto Rico Mejor Futuro (un grupo que apoyó al candidato del PPD, Carlos Delgado Altieri) y de $25,000 para Salvemos a Puerto Rico (el grupo que apoyó a Pierluisi Urrutia y por el que el amigo de este, Joseph Fuentes Fernández, cumplió 14 meses de cárcel cuando obstruyó una investigación federal en torno al grupo). “La sentencia en este caso debe disuadir a otros en contra de tomar acción similar en el futuro”, acotaron.

Hasta ahora, el resultado más directo que se había presentado de la ayuda económica de Herrera Velutini a la entonces gobernadora fue una encuesta, pero el documento de sentencia añade que en su oficina de Fortaleza la exmandataria se reunió con Dan Waters, el consultor político que el banquero le financió, para discutir cómo podía prevalecer en las primarias. El comité de acción política (PAC) se llamó Prosperity Through Leadership y, según el testimonio de Sánchez Pérez y de la ayudante Marisol Blasco Montaña, la gobernadora repetidamente preguntaba a su staff en Fortaleza, “¿qué está pasando con el PAC?”.

“A pesar de su crianza, educación y logros profesionales, Vázquez Garced intencionalmente tomó la decisión calculada de violentar las leyes federales de elecciones y aceptar donativos de un extranjero como Herrera Velutini… una sentencia de 12 meses de encierro castigaría a Vázquez Garced por corromper el proceso electoral, desalentaría a que otros cometan ofensas similares y ayudaría a preservar la confianza pública”, argumentó la fiscalía al recordar también que las expresiones públicas de la convicta revelan que no se arrepiente de su conducta.

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