Buscan rescatar comercios.

Las tensiones entre algunos estados y el Gobierno de EE.UU. sobre el suministro de tests de coronavirus se colaron este lunes en el Congreso, donde la oposición demócrata exigió una estrategia nacional para aumentar el acceso a esas pruebas como condición para aprobar nuevas medidas económicas.

El suministro de pruebas para detectar el COVID-19 se ha convertido en clave dentro del debate sobre cuándo reabrir el país: según cálculos de la Universidad de Harvard, Estados Unidos necesita triplicar el número de tests diarios que practica -actualmente, unos 146,000- para poder retomar la actividad a mediados de mayo.

TENSIONES POR LOS TESTS

La disputa sobre ese tema entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y gobernadores demócratas como el de Nueva York, Andrew Cuomo, ha recalado en el Congreso, que debate una extensión de su plan de préstamos a pequeños negocios afectados por la crisis económica derivada del coronavirus.

El paquete de 450,000 millones de dólares que debaten los legisladores, y que el Senado confía en votar este martes, incluye 25,000 millones para mejorar la capacidad de efectuar pruebas del coronavirus, y la oposición demócrata presiona a los republicanos para que se establezca una estrategia nacional sobre los tests.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, indicó en Twitter que su objetivo es «aumentar significativamente el número de tests gratuitos para todo el mundo», así como el rastreo de contactos.

Trump niega que existan problemas con los tests -cuya disponibilidad ha aumentado notablemente en el último mes pero sigue siendo mucho menor, per cápita, que la de Italia o Alemania- e insiste en que si hay escasez, es culpa de los gobernadores.

Y la Casa Blanca no parece dispuesta a ceder a la exigencia de los demócratas: según una fuente oficial consultada por el diario The Washington Post, quiere que la estrategia «se dirija desde cada estado y permita flexibilidad».

UN POLÉMICO REPARTO DE FONDOS

El paquete que negocia el Congreso contiene también al menos 300,000 millones de dólares en nuevos fondos para un programa destinado a ayudar a los pequeños negocios que se quedó sin financiación el pasado jueves, en medio de una polémica sobre el tipo de empresas que recibieron esa asistencia antes que el resto.

Compañías multimillonarias como Ruth’s Chris Steak House, Potbelly o ShakeShack recibieron entre 10 y 20 millones de dólares cada una de los 350,000 millones iniciales que aprobó el Congreso mientras muchos otros negocios se quedaban sin alivio, una revelación que ha generado una fuerte polémica.

Los propietarios de ShakeShack anunciaron este domingo que devolverían los 10 millones que habían recibido, mientras la oposición demócrata y algunos republicanos exigían cambios de reglas para la distribución del segundo tramo de ayuda que se dispone a aprobar el Congreso.

El fondo, llamado Programa de Protección de Nóminas, se diseñó para beneficiar a los trabajadores de empresas con menos de 500 empleados que no lograran créditos en otros lugares, pero el Congreso permitió que las filiales de grandes corporaciones solicitaran individualmente la ayuda.

Por otro lado, en una nueva señal del declive de la economía, el barril de petróleo intermedio de Texas (WTI) protagonizaba este lunes un desplome histórico del 305 % para entrar por primera vez en territorio negativo.

AMAGOS DE REAPERTURA

Mientras las autoridades de Nueva York, que este lunes registró su cifra de muertes más baja en dos semanas, pedían prudencia y «reimaginar» el país antes de retomar la actividad económica, otros gobernadores daban pasos en la dirección contraria.

En Carolina del Sur, el estado del este de EE.UU. que más tardó en imponer medidas de confinamiento, el gobernador, el republicano Henry McMaster, eliminó este lunes su orden de cerrar las playas, dejando la decisión de reabrirlas en manos de cada alcalde.

También determinó que las tiendas que vendan ropa, muebles, libros, música, flores o joyas podrán volver a abrir si garantizan que sus locales nunca se llenan más allá del 20 % de su capacidad.

Carolina del Sur se encuentra en torno a la mitad de la lista de estados más afectados por el coronavirus, con más de 4,400 casos y 120 muertes, y no emitió una orden de quedarse en casa hasta hace dos semanas, mucho más tarde que la mayoría de estados del país.

En el mismo sentido planea avanzar Texas, que esta semana planea permitir que las tiendas ofrezcan a sus clientes servicios de recogida de productos, y las autoridades de Florida debatían también este lunes una posible retirada escalonada de sus restricciones.

Las protestas contra el confinamiento que se han multiplicado en una decena de estados del país llegaron este lunes a Harrisburg, capital de Pensilvania (EE.UU.), uno de los estados más castigados por la enfermedad, con más de 33,000 casos.