Mediante decreto.

Las empresas públicas cubanas, hasta hace pocos meses las únicas reconocidas en la isla, contarán con más independencia del Estado aunque serán tuteladas por el Consejo de Ministros, tras la entrada en vigor hoy de nuevas normas que buscan mejorar la gestión y eficiencia del tejido económico del país.

Con las nuevas reglas, que se plasman en un Decreto Ley y tres Decretos, ‘se avanza en el perfeccionamiento del sistema empresarial y se dota a las empresas de mayor autonomía’ en busca de ‘un sistema empresarial más organizado, eficiente y eficaz’, anuncia el diario estatal Granma en su edición de hoy.

Las medidas llegan en un momento de tensión económica para Cuba, afectada por la crisis en Venezuela, la caída de los precios de sus exportaciones, los estragos del huracán Irma y el enfriamiento de las relaciones con EEUU tras la llegada al poder de Donald Trump, que ha endurecido el embargo sobre la isla.

La excesiva burocracia y subordinación de las empresas cubanas a las estructuras estatales han sido uno de los principales frenos para su desarrollo y ha afectado tambien a la percepción que los inversores extranjeros tienen de Cuba, según ha reconocido el Gobierno en más de una ocasión.

Granma recuerda hoy que ya en 2011, durante el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), se aprobaron directrices sobre ‘la separación de las funciones estatales de las empresariales, mediante un proceso paulatino y adecuado’ para ‘lograr que el sistema empresarial del país este constituido por empresas eficientes, bien organizadas y eficaces’.

Cinco años despues, en el septimo congreso del PCC, se reconoció la necesidad de ‘avanzar en el perfeccionamiento del sistema empresarial, otorgando gradualmente a las direcciones de las entidades nuevas facultades, definiendo con precisión sus límites’.

Esas intenciones se han plasmado ahora con unas normas que eliminan ‘la dispersión legislativa existente’, derogan legislación de 1979 y 1988 y aúnan ‘conceptos, funciones y facultades para todo el sistema empresarial’.

Las nuevas reglas extienden a todas las empresas estatales del país el llamado ‘perfeccionamiento empresarial’, que otorga mayores facultades a los directivos de las compañías y delimita ‘con precisión’ la labor de las organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE), las empresas y las unidades empresariales de base.

Así, según explica Granma, las OSDE ejercerán sobre las empresas ‘funciones de dirección y control, pero sin intervenir en su gestión y bajo un estricto respeto de su autonomía’.

El control prioritario lo ejercerán ‘sobre los resultados integrales de toda la organización y el uso de los recursos asignados por el Gobierno’, apunta.

Además, esos órganos superiores empresariales serán atendidos ‘por un miembro del Consejo de Ministros designado a estos efectos, lo cual es personal e indelegable: a el corresponden tareas de orientación, coordinación y control, sin suplantar al presidente de la OSDE en sus funciones de dirección’.

Según recoge la nueva normativa, entre las funciones de los ministros respecto a esos órganos están evaluar sus resultados económicos, controlar el proceso inversionista y la transferencia de tecnología desde y hacia el exterior.

Los ministros tambien vigilarán ‘las afectaciones económicas provocadas al país’ por las empresas que integran cada OSDE a su cargo, ‘incluyendo sus operaciones de comercio exterior’ y coordinarán ‘la aplicación de la política de la inversión extranjera, la colaboración y sus resultados’.

Estas nuevas políticas forman parte del proceso de actualización del modelo socialista impulsado en la última decada por Raúl Castro, que tambien ha incluido la ampliación del trabajo por cuenta propia y el reciente reconocimiento de la empresa privada, aunque todavía con importantes limitaciones.