Los abusos y la tortura siguen formando parte de la rutina policial en China y los golpes con barras electricas, la privación del sueño o el encadenamiento de detenidos a sillas de hierro son algunas prácticas habituales, desvela hoy un informe de Human Rights Watch (HRW).

‘Me esposaron. Un agente me golpeó durante seis o siete horas con un bastón eléctrico más de un centenar de veces. Me desmayé, perdí el control sobre la micción. Más tarde me obligó a arrodillarme sobre el bastón durante unas tres horas’, dice Gu Doying en uno de los testimonios recogidos por la ONG.

‘Me dejaron colgado con una cadena del techo, con una porra eléctrica comenzaron a golpear mis genitales. No aguanté más de siete u ocho minutos, así que les pedí que me bajaran para poder hablar de nuevo’, revela otro de los testimonios incluidos en el informe de 140 páginas presentado hoy en Hong Kong.

Estas son algunas de las 48 declaraciones de víctimas, familiares, abogados y exfuncionarios públicos que componen el informe de HRW, elaborado sobre 432 de los 158,000 veredictos dictados por tribunales chinos en los primeros cuatro meses de 2014 en los que se hace referencia a casos de torturas.

Bajo el título ‘Sillas tigre y jefes de celdas’, se trata del ‘primer informe detallado de este calibre que la organización ha llevado a cabo en China’, explicó a Efe su responsable en el país asiático, Sophia Richardson.

Aún así, Richardson mencionó limitaciones y ausencias claves en el documento, ‘en el que sorprendentemente no aparece ningún caso de la región de Tíbet’, debido a las restricciones impuestas en esa zona.

‘Pese a haberse visto avances en la legislación en los últimos cinco años, la policía sigue torturando a presuntos delincuentes para conseguir que confiesen crímenes y los tribunales son cómplices y partícipes de ello’, afirmó Richardson.

Otras prácticas incluyen el uso de grilletes o de las llamadas ‘sillas tigre’ -asientos de hierro en los que se inmoviliza a las víctimas durante días-, privar de agua y comida a los detenidos o rociar zonas sensibles de su cuerpo con sustancias irritantes.

En muchos casos, estos abusos son cometidos por los apodados ‘jefes de celda’, otros detenidos que son obligados a supervisar las prisiones policiales para los agentes.

‘El poder del sistema policial en China es inabarcable; la presión que ejerce llega a médicos y hospitales, que rechazan ser testigos de esos maltratos evitando enviar diagnósticos a tribunales sobre las vejaciones que sufren las víctimas’, indicó Richardson.

Un aspecto clave para facilitar estos abusos es la falta de acceso a los detenidos por parte de abogados, familiares y médicos.

A los letrados no se les permite estar presentes durante los interrogatorios y los sospechosos no tienen derecho a permanecer en silencio, añade el informe de HRW.

‘Nuestros superiores lo saben, lo toleran, llevo muchos años siendo agente y nunca he visto a nadie ser castigado por haber conseguido confesiones de detenidos mediante torturas,’ narra en el informe un exagente policial chino llamado Zheng Qianyang.

En esta línea, Richardson explicó que la dirección tomada por el Gobierno del actual presidente chino, Xi Jinping, no tiene visos de atajar este problema: ‘Cientos de personas siguen siendo detenidas e interrogadas, y algunas han desaparecido durante este tiempo’.

Ante la publicación del informe, una portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Hua Chunying, afirmó en Pekín que ‘China es un país bajo el imperio de la ley y la ley china prohíbe en términos explícitos la confesión bajo tortura. Si se descubre algún caso, habrá gente castigada, de acuerdo con la ley’.

La portavoz añadió, en una rueda de prensa, que China ‘ha hecho esfuerzos por mejorar el sistema legal con el propósito de asegurar que haya justicia e imparcialidad en todos y cada uno de los casos’.

Tras divulgarse varios casos de brutalidad policial entre 2009 y 2010, China prometió reformas para atajar este problema, como la obligatoriedad de grabar los interrogatorios, la prohibición del uso de instrumentos de tortura o el uso de cualquier prueba obtenida a través de estos abusos.

Según datos del Gobierno, estas reformas, que entraron en vigor hace dos años, consiguieron reducir de forma significativa el uso de confesiones forzadas en 2012, aunque se desconocen los datos concretos sobre esa reducción.