El gobernador de Pensilvania, el demócrata Tom Wolf, anunció hoy viernes una moratoria en la aplicación de la pena de muerte en el estado hasta que revise un informe sobre el castigo capital, por considerar que el sistema actual es ‘ineficaz e injusto’.

Pensilvania sigue así los pasos de Oregón, Washington y Colorado, otros tres estados que han decidido en los últimos años imponer moratorias a la pena de muerte, que es legal en 32 de los 50 estados de EE.UU.

‘Esta moratoria no es, de ningún modo, una expresión de compasión por los culpables que se encuentran en el corredor de la muerte, de los cuales todos han sido condenados por cometer crímenes atroces’, indicó Wolf en un comunicado.

‘Esta decisión se basa en un sistema defectuoso que ha demostrado suponer un ciclo sin fin de procedimientos judiciales, además de ser ineficaz, injusto y caro’, añadió el gobernador.

Pensilvania no ha ejecutado a ningún preso desde 1999 y solo ha aplicado tres veces la pena de muerte desde que el Tribunal Supremo de EE.UU. volvió a instaurarla en 1976, según la base de datos que mantiene el grupo independiente Death Penalty Information Center.

No obstante, el estado tiene una de las mayores poblaciones de presos en el corredor de la muerte del país, con 186 condenados a la pena capital en las cárceles del estado, de los cuales algunos llevan presos más de tres décadas.

La moratoria se mantendrá hasta que el gobernador reciba un informe encargado en 2011 por el Congreso estatal a un grupo de trabajo sobre la pena de muerte en Pensilvania y evalúe ‘todas las preocupaciones de forma satisfactoria’, explicó Wolf.

El gobernador emitirá indultos a las ejecuciones programadas para los próximos meses, y hoy ya concedió uno de forma temporal a Terrance Williams, cuya ejecución estaba prevista para el próximo 4 de marzo.

La decisión de Wolf se enmarca en un contexto general de declive de la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos, donde en 2014 se ejecutaron 35 presos, la cifra más baja en dos décadas, según Death Penalty Information Center.

El número de sentenciados a muerte también ha bajado en los últimos años, y a ello se suman los recientes problemas sobre la composición de las drogas utilizadas para la inyección letal.

Durante años, la mayoría de los estados de EE.UU. utilizaron una combinación estándar de tres medicamentos para la inyección: un anestésico o barbitúrico (habitualmente pentotal sódico o, en su defecto, pentorbital), un agente paralizante (bromuro de pancuronio) y un electrolito que detiene el ritmo cardíaco (cloruro de potasio).

Pero ese escenario cambió en 2011, cuando la empresa estadounidense Hospira detuvo su producción del componente clave, el pentotal sódico.

Poco después, la Comisión Europea prohibió la exportación de productos para ser usados en inyecciones letales, en su intento por ‘acabar con la tortura y la pena de muerte’ en el mundo, con lo que a las cárceles estadounidenses se les cerró la alternativa europea.

Desde entonces, a medida que se les han ido agotando las existencias de inyecciones letales, los estados han probado nuevas fórmulas, lo que ha generado complicaciones en varias ejecuciones.