La propuesta de ley para imponer sanciones contra funcionarios del Gobierno de Venezuela por la represión de las protestas estudiantiles superó hoy su primera fase con la aprobación en un comite del Senado estadounidense.

El proyecto de ley, que fue presentado el pasado 13 de marzo por iniciativa del senador demócrata Robert Menéndez y con el apoyo de los republicanos John McCain y Marco Rubio, fue aprobado por trece votos a favor y dos en contra por los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

De manera simultánea, en la Cámara de Representantes también avanza un proyecto de ley similar, que el pasado 9 de mayo pasó la primera fase legislativa con la aprobación por parte de los miembros del Comité de Relaciones Exteriores.

Menéndez, presidente del Comité de Exteriores del Senado, se mostró contento por el avance de esta ley para imponer ‘sanciones contra individuos (que están) detrás de la violencia en Venezuela’.

El proyecto de ley S.2142, por su registro oficial, tiene como objetivo ‘sancionar a personas responsables de violaciones de los derechos humanos de los manifestantes antigubernamentales en Venezuela y para fortalecer la sociedad civil’ en ese país.

La ley de sanciones, que debe ser votada por el pleno del Senado, apoyada por la Cámara de Representantes y ratificada por el presidente Barack Obama, bloquearía todos los activos que los miembros del gobierno venezolano que señale la Casa Blanca tengan bajo jurisdicción estadounidenses.

Además, aquellos incluidos en la lista de sancionados no tendrán derecho a visados para entrar en Estados Unidos.

El proyecto de ley también pide al Gobierno de Obama un mayor apoyo a la ‘sociedad civil democrática’ de Venezuela, a los ‘medios de comunicación independientes y a la libertad en internet’.

El senador Menéndez publicó hoy una columna de opinión en la web de la CNN en la que acusa al Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro de ‘estar dispuesto a llegar a extremos peligrosos para acallar a la disidencia política’.

El legislador denunció la muerte de 42 personas y centenares de heridos desde el comienzo de las protestas, en febrero pasado, y condenó ‘el uso ilegítimo de la fuerza, los arrestos violentos y masivos, los golpes a la libertad de prensa y expresión, la denegación del debido proceso y los abusos (cometidos) en centros detención’.