Treinta y siete personas han muerto en hechos relacionados con las protestas antigubernamentales iniciadas en Venezuela el 12 de febrero, según datos actualizados brindados el viernes por la fiscal general del país, Luisa Ortega.

‘Hasta el día de hoy tenemos 37 fallecidos, 29 civiles y ocho funcionarios policiales militares, incluido un fiscal del ministerio público’, informó Ortega en una rueda de prensa sin dar más detalles.

La información de Ortega incluye dos nuevas muertes respecto al reporte anterior.

Los lesionados ya suman 559, de los cuales 379 son civiles y 180 son funcionarios policiales, mientras que los detenidos ascienden a 168.

La fiscal reveló que su despacho abrió 81 investigaciones por presuntas violaciones de los derechos humanos, de las cuales 75 son por trato cruel, dos por tortura, dos por homicidio consumado, y dos más por homicidio frustrado.

Indicó que estas investigaciones han arrojado hasta el momento la detención de 17 funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y que tres más se encuentran con medidas cautelares sustitutivas a la presión preventiva.

Además, señaló que se han girado siete órdenes de captura que todavía no se han hecho efectivas.

‘Lo que ha ocurrido son acciones de individualidades (…) vamos a castigar, a sancionar a quienes aparezcan como responsables de tales eventos’, afirmó sobre las investigaciones a los miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.

Ortega afirmó que en ‘tres o cuatro’ semanas esperan haber concluido con las investigaciones que tienen en curso relacionadas con las protestas violentas.

Venezuela se encuentra sumida en una oleada de manifestaciones contra el Gobierno desde hace mes y medio, que en algunos casos han derivado en hechos de violencia.

El Ejecutivo llamó a un diálogo de paz para tratar de buscar una salida y pidió a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que enviara una misión al país para que contribuyera a la solución de la actual crisis política.

Tras reunirse esta semana con representantes del Gobierno, de la oposición, los estudiantes, los empresarios, entre otros sectores, la comisión de cancilleres de Unasur emitió una serie de recomendaciones, entre ellas deponer todas las acciones violentas, así como respetar los derechos humanos y el orden democrático.

Además, acordó con el Gobierno la necesidad de tener ‘un testigo de buena fe que facilite el diálogo entre todas las partes’, una solicitud que fue hecha por la oposición el martes pasado.

Maduro dijo el jueves por la noche que está de acuerdo en que dicho testigo sea el secretario de Estado del Vaticano y exnuncio de Venezuela, Pietro Parolín, pero opinó que la oposición en realidad no quiere diálogo.