La Corte Suprema de Chile cerró hoy definitivamente la investigación sobre la muerte del presidente Salvador Allende al dictaminar que el mandatario se suicidó durante el golpe de Estado de 1973.

El fallo del alto tribunal ratificó que Allende se quitó la vida y que no hubo participación de terceros en su muerte, ocurrida el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de la Moneda.

A diferencia de lo sucedido en septiembre de 2012, cuando el juez Mario Carroza emitió el fallo en primera instancia o cuando la Corte de Apelaciones de Santiago lo confirmó el 24 de junio pasado, esta vez el silencio rodeó la noticia.

La investigación sobre la causa de la muerte de Allende, que incluyó la exhumación del cadáver y la realización de diversos peritajes, no surgió a petición de la familia ni del Partido Socialista.

En enero de 2011, la fiscal Beatriz Pedrals presentó una denuncia para esclarecer 726 casos de eventuales violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, que nunca hasta entonces habían sido investigadas.

A cargo quedó el juez Mario Carroza, quien llegó a la conclusión de que la muerte se debió al suicidio.

El dictamen de la Corte Suprema corroboró que no existían antecedentes que permitieran determinar que existió intervención de terceros en la muerte de Salvador Allende.

Mientras La Moneda ardía tras ser bombardeada por la Fuerza Aérea el 11 de septiembre de 1973, Allende se dirigió al Salón Independencia, situado en el segundo piso, y cerró la puerta.

‘Una vez en su interior, se sienta en un sofá, coloca el fusil que portaba entre sus piernas y apoyándolo en su mentón, lo acciona, falleciendo en forma instantánea producto del disparo recibido’, continúa.

‘A consecuencia de esta acción, su cuerpo quedó en una posición tal que su cabeza se cargó hacia la derecha e inclinó sobre el tórax. La bóveda craneana tuvo una pérdida importante de masa encefálica, que queda disgregada en el suelo y en el muro ubicado a sus espaldas’, precisa.

Respecto de la eventual participación de militares en la muerte de Allende, como hasta hoy sostienen algunos de sus partidarios, la resolución judicial señala que las tropas que asaltaron La Moneda ‘llegaron al salón con posterioridad al instante en que el presidente Allende se quita la vida’.

El fallo agregó que ‘no hay ningún testigo que pueda avalar la tesis del enfrentamiento’.

Concluye la resolución señalando que ‘los hechos que significaron la muerte’ de Allende ‘provienen de un acto deliberado en el que, voluntariamente este se quita la vida y no hay intervención de terceros, ya sea para su cometido como para su auxilio’.

El juez Hugo Dolmestch, en solitario, se pronunció a favor del sobreseimiento temporal y no definitivo de la causa, sobre la base de algunas opiniones contrapuestas de los peritos respecto al orificio de salida de una bala que no coincidía con la trayectoria del proyectil que le causó la muerte.

Los restos de Allende fueron exhumados en mayo de 2011 y el equipo de peritos concluyó dos meses después que la causa del fallecimiento fue una ‘lesión perforante de la cabeza por proyectil de arma de fuego de alta velocidad a contacto’, lo que en medicina legal puede ser atribuible al suicidio.

El cuerpo de Allende volvió a ser sepultado en Cementerio General de Santiago el 9 de septiembre de 2011.

En el entorno familiar y político de Salvador Allende se indicó que la postura de la familia, que siempre ha sostenido la tesis de que el presidente socialista (1970-1973) se había quitado la vida, mantiene inalterada tras ser ratificada la sentencia por la justicia.

En septiembre de 2012, cuando se conoció el fallo de primera instancia, la senadora Isabel Allende, hija del mandatario socialista, declaró que la familia estaba contenta de que el Poder Judicial ‘reafirmara lo que de alguna manera se sabía, pero ahora científicamente’.

En la derecha, que respaldó la dictadura de Augusto Pinochet, el diputado Ignacio Urrutia calificó de ‘cobarde’ al presidente fallecido. Pero hoy también guardó silencio.

En tanto, el Partido Socialista -al que pertenecía Allende y también la presidenta electa, Michelle Bachelet- está inmerso estos días en la negociación de acuerdos que garanticen el cumplimiento del futuro programa de gobierno.

La hija menor del presidente derrocado, la senadora Isabel Allende, por su parte, aspira a ser la próxima presidenta de la Cámara alta.

Según dijo hoy a Efe un dirigente socialista, el silencio con que Chile recibió esta noticia responde más que nada al hecho de que el fallo no constituyó ninguna sorpresa, puesto que ratificó lo que ya se sabía y estableció la justicia en primera y segunda instancia.