Washington – El Tribunal Supremo de EE.UU se pronunciará esta semana sobre la constitucionalidad de la reforma sanitaria promovida por el presidente Barack Obama y sobre la potestad de los estados como Arizona para imponer leyes migratorias, algo que podría obligar a un cambio de planes en plena campaña.

Sendas decisiones del Tribunal Supremo sentarán precedente sobre la base misma del sistema federal estadounidense y podrían ser un revés para los logros de los casi cuatro años de mandato de Obama a cinco meses de los comicios en las que se juega la reelección.

La compleja revisión de la reforma sanitaria, que en dos años ha conseguido incluir a millones de personas dentro de coberturas sanitarias, está pendiente de que la más alta instancia de la Justicia estadounidense decida sobre la constitucionalidad de puntos clave, como la obligatoriedad de contratar seguro médico.

La expectación levantada por este complejo caso de casi 3.000 páginas no era tan alta desde que en 2000 el Supremo decidió sobre el ganador de las elecciones presidenciales entre George W. Bush y Al Gore.

El Supremo podría rechazar dos provisiones claves de la reforma: el llamado ‘mandato individual’, que obliga a tener cobertura de salud o ser multado, y la potestad del gobierno federal para que los estados amplíen las coberturas de públicas Medicaid.

El Supremo podría fallar el lunes, o retrasar la decisión hasta mediados de semana, sobre estos aspectos de la reforma sanitaria, mientras que desde el Gobierno confían en que las características básicas de la histórica reforma de salud permanezcan intactos.

Los expertos consideran que si los nueve jueces del Supremo rechazan la constitucionalidad del ‘mandato individual’, la reforma para hacer universal la cobertura sanitaria asequible en Estados Unidos quedaría de facto muerta.

Debido a que muchas cláusulas de la reforma sanitaria no están en vigor, el Supremo también podría elegir inhibirse en sus decisiones, mientras que la complejidad del caso, el que más tiempo ha consumido en deliberaciones en décadas, podría acabar con muy diferentes y diversos resultados.

Otra sentencia, la del Supremo sobre las leyes migratorias de Arizona, podrían obligar a otro cambio de rumbo para la administración Obama, ya que sentaría precedente si decide dar poder a la policía estatal de Arizona para imponer las duras leyes migratorias del estado.

El Supremo podría permitir a Arizona y a la policía del estado hacer las veces de la autoridades federales de inmigración y llevar a cabo polémicas detenciones o exigir documentos a personas por el simple hecho de su apariencia racial, especialmente entre la comunidad hispana.

Este tipo de normas entran en conflicto con el poder federal para regular asuntos migratorios, mientras que el gobierno conservador de Arizona cree que Washington es demasiado permisivo con el control de las personas indocumentadas que atraviesan la frontera con México.

Asociaciones hispanas están preparando la respuesta si el Supremo permite a Arizona perseguir y detener como delincuentes a inmigrantes hispanos por no tener su documentación en regla, algo que ya ha sido criticado como prácticas que contravienen los principios fundacionales de Estados Unidos.

Si el Supremo da potestad a Arizona para controlar la inmigración otros estados podrían perseguir leyes similares y ensombrecer las esperanzas puestas en las propuestas migratorias de Obama.

Una sentencia favorable a Arizona podría dar alas a leyes incluso más represivas, como las del estado de Alabama, que también permiten interrogatorios a personas sospechosas de ser ilegales y requiere a las escuelas apuntar con el dedo a nuevos estudiantes sin sus papeles en regla y en la práctica excluye a los inmigrantes indocumentados del sistema.

Así las cosas, esta semana promete ser decisiva para determinar el discurso de campaña de demócratas y republicanos y probar si el presidente pudo sacar adelante sus más importantes propuestas políticas y revalidar su recurrente lema del ‘sí, se puede’.