Washington – Dos líderes del Senado de EE.UU. condenaron hoy la ‘fraudulenta reelección’ del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, y pidieron que su país tome medidas ‘para alentar el restablecimiento del orden constitucional’ allí, incluyendo la negación de préstamos y una posible suspensión de la OEA.

Los senadores Marco Rubio, republicano por Florida, y Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, presentaron una resolución de cinco páginas que, no obstante, respalda ‘las aspiraciones democráticas’ de ese país del istmo centroamericano.

La resolución bipartidista ‘urge al presidente Barack Obama y a la secretaria de Estado Hillary Clinton a que tomen medidas inmediatas y significativas para alentar la restauración del orden constitucional en Nicaragua, incluso oponiéndose a préstamos de instituciones financieras internacionales para el Gobierno nicaragüense’.

La medida pide que las autoridades nicaragüenses investiguen y procesen judicialmente a los responsables de actos de violencia en los comicios del pasado 6 de noviembre, y que la Organización de Estados Americanos (OEA) detalle en un informe las irregularidades preelectorales que permitieron la victoria del sandinista Daniel Ortega, que así tendrá un segundo mandato consecutivo de cinco años.

Además, la resolución también pide que la embajadora de EE.UU. ante la OEA, Carmen Lomellin, ‘lidere un esfuerzo’ para presionar por la restauración de la democracia y el imperio de la ley en Nicaragua, ‘incluyendo la suspensión formal del Gobierno ese país bajo los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana’.

En un comunicado conjunto, ambos senadores condenaron que, a su juicio, ‘Ortega y sus compinches han erosionado las instituciones democráticas en Nicaragua’.

Para Rubio, estos esfuerzos por minar la democracia exigen ‘una firme reacción de EE.UU. y la movilización de nuestros aliados en defensa de los derechos humanos del pueblo nicaragüense’.

‘Insto a la Administración (Obama) a que denuncie y actúe con urgencia contra el asalto a la democracia y el orden constitucional que está ocurriendo en Nicaragua’, enfatizó Rubio.

Por su parte, Menéndez consideró que la toma del poder de Ortega en Nicaragua es ‘anticonstitucional’ y representa ‘una amenaza seria al pueblo nicaragüense y la región’.

‘Es hora que Estados Unidos y la comunidad internacional pongan atención a lo que está ocurriendo en Nicaragua y tome medidas para asegurar que no haya una mayor erosión de los valores democráticos en la región’, recomendó Menéndez.

Las irregularidades electorales en Nicaragua fueron objeto de una audiencia hoy en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, en la que tanto demócratas como republicanos instaron al Gobierno de EE.UU. a sopesar medidas de presión contra el Gobierno de Managua.

El exembajador estadounidense en Nicaragua Robert Callahan dijo en la vista que, al menos por ahora, Estados Unidos debe seguir cooperando y teniendo presencia diplomática en ese país.

Sin embargo, si el Gobierno de Ortega se vuelve ‘aún más autoritario, debemos prepararnos para reducir o eliminar la ayuda y reconsiderar nuestra presencia diplomática’, advirtió Callahan, quien dejó el cargo que ocupó durante tres años en julio pasado.

En declaraciones a los periodistas, la presidenta del Comité, Ileana Ros-Lehtinen, criticó lo que consideró como doble rasero de la Administración Obama en la región, ya que tomó medidas contundentes en el caso del golpe de Estado en Honduras en 2009 pero, a su juicio, ha tenido una actitud ‘pasiva’ frente al fraude electoral en Nicaragua.

Ros-Lehtinen pidió que EE.UU. no envíe a un nuevo embajador a Nicaragua, porque considera que eso es preferible a que el pueblo nicaragüense siga viviendo las consecuencias del fraude.

El presidente Obama designó hoy a la actual embajadora de EE.UU. en Panamá, Phyllis Powers, como nueva representante para Nicaragua, aunque ésta debe ser confirmada en el Senado.

La Cámara alta jamás llegó a votar el nombramiento de Jonathan Farrar, anteriormente designado por Obama para ese país, ante la oposición de numerosos senadores demócratas y republicanos.