Un proyecto aplica la exclusión a todos los alimentantes y busca darle trato preferencial a policías estatales y municipales y oficiales correccionales.

La Administración para el Sustento de Menores (ASUME) dejó clara su oposición en días recientes a sendos proyectos de ley que dejarían fuera de la fórmula para calcular la pensión alimentaria el dinero devengado por horas extras, las bonificaciones, pagos por turnos especiales e incentivos temporeros.

La propuesta legislativa se consignó en los proyectos de la Cámara 1140 y 1161. El primero es una prohibición generalizada a que se utilice ese ingreso en el cómputo y el segundo solo les aplica a policías, policías municipales y oficiales de corrección.

Ambos son proyectos de los penepés Ensol Rodríguez Torres y Félix Pacheco Burgos, ambos policías.

En una ponencia firmada por la secretaria de la Familia, Suzanne Roig y por la admnistradora de ASUME, María del Mar Mateu Meléndez, se indica que el derecho de los menores a recibir alimentos de sus progenitores está protegido por la Constitución y que, en el contexto del Código Civil, los alimentos también comprenden su educación y otros gastos ligados al entorno familiar.

Observaron que el PC 1140 está mal redactado al citar mal la fecha de la ley orgániza de ASUME y se señalan otros errores de estilo. Sobre lo sustantivo, indicaron que el estado de derecho ya permite excluir las horas extras cuando no son recurrentes y no son incluidas automáticamente en el cálculo de la pensión, pero también requiere que el alimentista demuestre ante el tribunal que no son recurrentes.

“Nuestro estado de derecho vigente dispone que las horas extras no se incluyen automáticamente. Para ellos, se analiza su recurrencia y estabilidad. Asimismo, que podrían incluirse si son recurrentes, promediarse cuando son variables y excluirse cuando son extraordinarias o inciertas”, lee la ponencia.

A juicio de Roig Fuertes y de Mateo Meléndez, la medida impide evaluar la realidad económica completa del alimentante.

“Este asunto es preocupante toda vez que la discreción judicial es esencial para garantizar determinaciones justas y equitativas. Asimismo, se veria afectado el mejor bienestar del menor la exclusión automática de las horas extras cuando son frecuentes, constituyen parte estable del ingreso y reflejan la verdadera capacidad económica del alimentante”, manifestaron.

“No existe laguna legal alguna que jusitifique la aprobación de esta medida”, remataron. “El excluir ingresos recurrentes adicionales podría restringir aún más los recursos disponibles para cubrir las necesidades de los menores”.

En cuanto al PC1161, ASUME levantó los mismos argumentos en contra y cuestionó por qué se pretende beneficiar exclusivamente a policías, policías municipales y oficiales correccionales “sin justificación suficiente para ello”.