El representante Jorge Navarro Suárez presentó una resolución para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social realizar una investigación sobre la estructura de costos y las tarifas que imponen los centros de cuido y establecimientos de cuidado prolongado en Puerto Rico.

Según el legislador, la iniciativa surge ante la alarmante realidad demográfica de la isla, donde aproximadamente el 25.3% de la población tiene 65 años o más.

Según la exposición de motivos de la medida, esta transición poblacional ha disparado la demanda de servicios de cuido, exponiendo un vacío regulatorio que permite a diversas instituciones imponer tarifas que oscilan entre los $2,500 y $4,500 mensuales. Estas cifras resultan inalcanzables para la gran mayoría de los ciudadanos que dependen exclusivamente de sus pensiones o del Seguro Social.

«Es inaceptable que nuestras familias tengan que elegir entre la quiebra económica o el desamparo de sus seres queridos por la falta de fiscalización en los costos de estos servicios», expresó Navarro Suárez. «Esta resolución busca abrir los libros de estos centros para entender sus costos operacionales y asegurar que no se estén aplicando aumentos arbitrarios o abusivos a costa de la vulnerabilidad de nuestros viejos», agregó.

La investigación cameral se enfocará en evaluar la efectividad de la supervisión actual por parte del Departamento de la Familia y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Según se establece en la medida, existe una preocupación legítima sobre la falta de transparencia en los contratos y la carencia de estándares que regulen los precios máximos basados en la calidad del servicio prestado.

Entre los puntos clave que la Comisión examinará se encuentran:

• La marcada disparidad entre el ingreso promedio de un adulto mayor en la isla y el costo real de los centros de cuido.
• La identificación de patrones de cobros excesivos y aumentos de tarifas no justificados por mejoras reales en el servicio.
• La viabilidad de implementar topes tarifarios o registros de transparencia de precios para orientar debidamente al consumidor.

El legislador adelantó que se estarán citando a vistas públicas a los gremios que agrupan a los dueños de centros de cuido, así como a las agencias reguladoras pertinentes. «Queremos garantizar que el cuidado prolongado sea un servicio accesible y digno, no un lujo prohibitivo. El Estado tiene la obligación de intervenir cuando el mercado falla en proteger a los más vulnerables», concluyó el representante.