La comisión que preside Víctor Parés emitió informe negativo para la medida.

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes denunció hoy la determinación de la Comisión de Gobierno, controlada por el Partido Nuevo Progresista (PNP), de rendir un informe negativo al Proyecto de la Cámara 257 (PC 257), una medida dirigida a reformar de manera estructural el sistema anticorrupción del país.

El PC 257 proponía una transformación estructural mediante la creación de un sistema unificado, con una sola entidad verdaderamente independiente, con autonomía para investigar, procesar y prevenir la corrupción. Además, el proyecto incorporaba un componente clave de prevención, dirigido a intervenir antes de que ocurran los actos delictivos y evitar que el daño se materialice.

Hubiera establecido la Ley de la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Registro de Personas Convictas por Corrupción, el Grupo Interagencial Anticorrupción y la Oficina de Anticorrupción e Integridad Pública dentro del Departamento de Justicia.

El portavoz Héctor Ferrer Santiago sostuvo que la realidad del país evidencia que el sistema actual no está a la altura de los tiempos, señalando que Puerto Rico enfrenta un problema profundo de corrupción que, además de representar pérdidas significativas de recursos públicos, estimadas en cerca de un 10% del presupuesto, ha provocado una peligrosa erosión de la confianza ciudadana.

“El modelo vigente está fragmentado. Existen múltiples entidades, como la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Inspector General, operando de manera aislada, con funciones duplicadas, procesos lentos y resultados que no satisfacen al país. Esto ha generado una percepción real de ineficiencia, impunidad y falta de transparencia”, indicó.

“Esta medida era una solución concreta. Buscaba eliminar duplicidades, agilizar procesos, establecer fiscales anticorrupción a tiempo completo y fortalecer la transparencia mediante herramientas como un registro público de personas convictas por corrupción”, añadió.

“Se trata de un principio básico: todo el que le falle al país tiene que pagar. Pero tiene que pagar bajo un sistema que funcione, que sea justo y libre de agendas. El país merece instituciones a la altura de ese reto, y nosotros vamos a seguir trabajando para lograrlo”, manifestó Ferrer Santiago.

La comisión cameral, que preside el novoprogresista Víctor Parés Otero, emitió un informe negativo tras consultar con las entidades que serían afectadas con los cambios.