Ambos proyectos están bajo la evaluación de la Comisión e Innovación, Reforma y Nombramientos que dirige el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

El tema de La Parguera regresa al hemiciclo del Capitolio, para evaluar la controversial medida que regular el uso y operación de residencias, muelles y estructuras ubicadas en el litoral costero de dominio público en esa zona costera del municipio de Lajas.

Es hoy, miércoles, que se efectuará la primera vista pública sobre el Proyecto del Senado 272, el equivalente al Proyecto de la Cámara 269 que ya fue avalado a finales del mes de junio por la Cámara de Representantes.

Este proyecto de ley, que también llegó bajo la encomienda administrativa de la gobernadora Jenniffer González Colón, busca requerir un canon anual por el uso de los terrenos públicos y de agua que se estén ocupando a partir de la vigencia de esta ley. 

Todos los cánones estarían sujetos por el uso de la superficie por un término de 40 años y con la apertura de una renovación al culminar el periodo de años establecidos. 

Además, los cánones permitidos a cobrar estarían entre el 5% y un 10% mayor a los establecidos por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a las marinas y muelles en Ia Isla. La agencia deberá usar por lo menos el 50% de los ingresos que se obtengan del cobro de cánones en el mantenimiento y desarrollo de La Parguera y la zona costera del suroeste de Puerto Rico.

El proyecto establece que si la ocupación de los muelles y estructuras no cumplen con el control y prevención de contaminación, el DRNA podría prohibir el uso de la estructura y requerir la remoción del litoral costero.

En cambio, se prohibiría nuevas obras de construcción fuera de la huella de ocupación de la estructura. Así como no se permitiría reconstruir la estructura ya establecida si es destruida total o parcialmente. De igual modo, se prohibirían modificaciones.

La controversial medida que ha sido eje de protagonismo desde la controversia que vincula a la gobernadora debido a que sus suegros tenían un caso que fue archivado por el actual secretario del DRNA, Waldemar Quiles, por la construcción ilegal y daños ambientales en La Parguera, será evaluada a las 9:30 de la mañana. 

Otra medida legislativa que también será evaluada en la misma audiencia pública es el Proyecto del Senado 697, para crear la “Ley para el Deslinde Nacional del archipiélago de Puerto Rico” para así establecer el deslinde científico, técnico y jurídicamente obligatorio de los bienes de dominio público marítimo-terrestre (BDPMT). 

Este proyecto es muy esperado por muchos defensores ambientales, principalmente por los problemas de ocupación ilegal que se han visto en la Isla a los bienes de dominio público. Con esta medida, se busca delimitar el dominio público e inhibir las privatizaciones.

La medida, que fue presentada por el senador independiente Eliezer Molina y la popular Ada Álvarez Conde, fue radicada el pasado 20 de agosto y según su exposición de motivos, “la falta de un deslinde nacional, uniforme y vinculante del litoral costanero de Puerto Rico constituye un serio problema de gobernanza con impactos directos en la protección del interés público, la certeza jurídica y la asignación y ejecución eficiente de fondos federales de recuperación y mitigación”.

“La ausencia de un deslinde nacional uniforme y vinculante ha provocado una creciente incidencia de conflictos, ocupaciones ilegales, construcciones en zonas de alto riesgo y una pérdida progresiva de recursos costeros críticos —como mangles, dunas y humedales—entre otros elementos de los ecosistemas costeros de Puerto Rico”, reza el proyecto.

La Oficina de Gerencia de Permisos; (OGP) Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC); Junta de Planificación; DRNA, Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM); Compañía de Turismo; y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, están citados a comparecer ante la comisión. 

Molina utilizó sus redes sociales para anunciar esta vista pública que promete ser controversial.

“Ya tenemos fecha (de la vista pública) para el deslinde nacional, para que no se roben más todas las playas de Puerto Rico y el mismo día, vamos a coger el proyecto que la gobernadora envió para querer robarse La Parguera… Nosotros estamos listos”, anunció Molina.