Comunidades del municipio de Arecibo aseguraron hoy que la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) incurre en falta de transparencia, dilación injustificada y entrega fragmentada de información sobre alcance y/o extensión de la contaminación provocada por el Vertedero de Arecibo, operado por la empresa Landfill Technologies of Arecibo.

En declaraciones escritas, consideran un acto de obstaculización las alegadas actuaciones de la EPA en el área, que incluye comunidades aledañas y la Reserva Natural del Caño Tiburones, que recibe 25 millones galones de lixiviados anualmente productos de las actividades del vertedero, de acuerdo a un informe de la misma EPA.

En junio de 2024, el Movimiento Pro-Cierre del Vertedero de Arecibo (MOCIVEA) solicitó formalmente a la EPA acceso a documentos relacionados a la operación del vertedero, incluyendo resultados de muestras de agua, suelo, aire y lixiviados que han alcanzado terrenos privados y el agua subterránea, así como informes de monitoreo ambiental. La agencia se comprometió a proveer dicha información en una reunión con la comunidad.

Sin embargo, más de seis meses después de la última solicitud presentada bajo la Ley Federal de Libre Información (FOIA, por sus siglas en ingles), la EPA solo ha remitido un número mínimo y fragmentado de documentos, incumpliendo con su deber de garantizar acceso transparente a información de interés público y detallar las acciones de fiscalización que ha llevado a cabo.

“El envío de información a cuentagotas es inaceptable y constituye una forma de obstaculizar el derecho de las comunidades a conocer la magnitud de la contaminación que las afecta y a tomar decisiones informadas para proteger su salud.”, expresó el licenciado Miguel Sarriera Román, representante legal de la comunidad.

Sarriera añadió que “la ausencia de evidencia de una supervisión efectiva durante los últimos diez años demuestra una anuencia tácita con el incumplimiento a la orden del tribunal del 2014.  Esa inacción ha permitido que continúe operando, poniendo en riesgo la salud de las comunidades y el medioambiente. No se trata de errores administrativos, sino de una falla grave del deber ministerial de fiscalizar y proteger la salud pública.”

Deliris Agosto, presidenta de  MOCIVEA  añadió que la instalación lleva décadas en incumplimiento de leyes ambientales estatales y federales, inclusive tras una orden del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por violaciones a la Ley de Aire Limpio en  2014.

“A pesar de esta orden y múltiples señalamientos de incumplimiento al amparo de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) y La Ley Federal de Agua Limpia (CWA), el vertedero continúa operando sin que se haya hecho público un plan de cierre claro, completo y verificable.”, puntualizó Agosto.

La líder arecibeña añadió que, al presente, no se ha entregado plan de cierre “a pesar de los múltiples anuncios y compromisos por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Municipio de Arecibo de cerrar este vertedero en o antes del 31 de diciembre de 2027.” Tampoco, argumentó, han recibido el plan de mitigación con participación de la comunidad para el supuesto cierre del vertedero.

En abril de 2025, el alcalde de Arecibo anunció que el cierre de la instalación estaba “encaminado”, tras la contratación de una firma de ingeniería. No obstante, las comunidades denuncian que hasta la fecha no se ha divulgado ningún documento ni un calendario oficial que sustente ese anuncio, lo que consideran otro ejercicio de desinformación.

El Vertedero de Arecibo comenzó operaciones en 1973, y su impacto ambiental y a la salud humana se extiende por décadas. Las comunidades de Garrochales, Factor 2 y Cercadillo han estado expuestas por generaciones a posibles contaminantes, sin que exista un estudio de salud pública formal que evalúe las consecuencias de dicha exposición.

Ante este panorama, las comunidades exigen también al Departamento de Salud de Puerto Rico y a la Agencia Federal para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) la realización inmediata de un estudio de salud pública transparente y participativo, que permita identificar riesgos, documentar daños y establecer medidas de protección y remediación para la salud de los residentes.