La situación ha obligado a los trabajadores sociales de la organización a salir a las calles, desplazándose por las comunidades para localizar a las personas a las que daban apoyo, conocer su situación actual y ofrecerles ayuda adaptada a sus nuevas circunstancias.

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que han sacudido a Estados Unidos y Puerto Rico desde que el presidente Donald Trump asumió el poder en enero han tenido un efecto devastador no solo en las comunidades migrantes, sino también en organizaciones del tercer sector como La Fondita de Jesús, en Santurce.

Esta entidad sin fines de lucro lleva más de 40 años atendiendo a personas sin hogar, inmigrantes y familias en situación de vulnerabilidad en el área metropolitana, convirtiéndose en un pilar fundamental para quienes más lo necesitan.

“Siempre hemos atendido a personas indocumentadas. Sin embargo, desde que comenzaron las redadas migratorias del ICE, dejaron de acudir a nuestras instalaciones para recibir los servicios. Eran participantes que estábamos ayudando con atención médica y servicios sociales, ayudas imprescindibles, pero el miedo les ha hecho desaparecer”, relató Geraldine Bayrón Rivera, directora ejecutiva de La Fondita de Jesús, en entrevista con NotiCel.

La situación ha obligado a los trabajadores sociales de la organización a salir a las calles, desplazándose por las comunidades para localizar a las personas a las que daban apoyo, conocer su situación actual y ofrecerles ayuda adaptada a sus nuevas circunstancias.

“Muchos se están escondiendo por miedo. Nuestros trabajadores sociales recorren la comunidad para detectar necesidades y ayudar en lo posible. Cuando logran contactarles, dicen: ‘tengo miedo, tengo miedo de salir de aquí y que me lleven’. Personas que ya estaban reintegrando sus vidas y haciendo sus papeles oficialmente para poder obtener ciudadanía o algún tipo ya sea de visa”, lamentó Bayrón Rivera.

Al momento, la entidad -que ha beneficiado a más de 6,000 personas en el último año con sus programas- no ha registrado detenciones de participantes ni intervenciones en su sede. Pero se mantienen vigilantes.

“Seguimos buscando cada día a aquellos participantes que nuestros trabajadores sociales aún no han conseguido localizar”, precisó la directora.

Explicó además que cuando logran contactar a algún participante, la ayuda se traslada hasta sus hogares, adaptando los servicios a domicilio. Si la situación requiere apoyo legal, la organización cuenta con acuerdos colaborativos con entidades especializadas para ofrecer orientación y defensa jurídica, garantizando que nadie quede desprotegido.

Históricamente, La Fondita de Jesús ha tendido la mano a inmigrantes indocumentados procedentes de Cuba, Haití, República Dominicana, Venezuela y Brasil. Muchos llegan con visados de trabajo, pero tras vencerse su permiso, permanecen en el país sin documentación, lo que les dificulta incorporarse plenamente a la sociedad y acceder a derechos básicos.

La entidad desarrolla distintos programas de impacto comunitario, como Familias de La Fondita y la clínica de Conexión Saludable, dirigidas a atender familias monoparentales, personas mayores y personas sin hogar o en riesgo de perderlo.

La protección de los derechos y la confidencialidad de los participantes es la máxima prioridad de la entidad, especialmente dada la naturaleza sensible de los servicios que prestan.

“La Fondita cuenta con una estricta política de privacidad, amparada principalmente en la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA, en inglés). No facilitamos información de los participantes a ninguna agencia, salvo que exista una citación judicial. Si alguna agencia federal solicita información sobre participantes indocumentados, existe un protocolo interno para responder”, explicó Bayrón Rivera.

Subrayó además que la entidad ofrece servicios médicos, psicológicos y de salud mental y física. «Somos extremadamente cuidadosos de no proporcionar información sobre las personas, tengan o no documentación. La privacidad de los participantes es sagrada y solo una orden judicial o subpoena permite compartir datos con las autoridades”.

Aunque no han enfrentado aún esa situación, si llegara a suceder, activarían el protocolo y seguirían todos los pasos necesarios, incluida la asesoría legal.