El juez federal Pedro A. Delgado emitió una orden de mordaza contra los abogados, y tambien los acusados, en el caso de corrupción pública que encabeza el recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Perez, y en el que se implica a uno de los hermanos del gobernador Alejandro García Padilla.

El juez advierte que cualquier violación a la orden será castigada con sanciones económicas y cualquier otra medida propia de un desacato al tribunal.

En ciertos casos, los jueces pueden emitir órdenes de mordaza contra los representantes de las partes y sus empleados o agentes, los cuales se entienden que, como abogados, son funcionarios del tribunal, pero que una orden cubra a los propios acusados, quienes tienen derecho a permanecer callados pero no tienen una obligación de hacerlo, es menos común.

La justificación que proveyó el juez Delgado es la protección del derecho de los acusados a un juicio justo e imparcial por parte de un panel de jurados compuesto por sus conciudadanos, una base que parece estar influenciada por la reciente determinación del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que revocó el veredicto del caso federal contra Pablo Casellas Toro al determinar que la publicidad con anterioridad al juicio y el veredicto de culpabilidad que tuvo en un caso estatal de asesinato afectaron su derecho a juicio justo e imparcial en el plano federal.

La determinación de Delgado tiene fecha del viernes pasado, 18 de diciembre, después de que la jefa de la fiscalía federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez realizara una muy comentada conferencia de prensa dando información del caso y hasta adelantando ángulos que se seguían investigando, y después de que diera entrevistas a varios medios, más recientemente una publicada el domingo en El Nuevo Día.

La orden de mordaza estaría vigente hasta que termine el juicio y no va en contra de la prensa ni los medios de comunicación pero sí de cualquier comentario, incluso hecho en redes sociales, de parte de los abogados, fiscales, agentes investigadores, los propios acusados, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de Puerto Rico, los oficiales de ley y orden que intervengan en el caso, los empleados del tribunal y cualquier persona que sirva debajo de los antes mencionados en asuntos relacionados al caso.

La acusación contra Hernández Pérez y otras nueve personas imputa que el grupo utilizó donativos políticos para gabar influencia indebida en la Administración García Padilla y que se movió para, con esto, obtener contratos en distintas dependencias, incluyendo la Cámara de Representantes.

El juicio está pautado para comenzar el 10 de mayo de 2016.